El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado definitivamente este miércoles en el pleno la modificación de la ordenanza de civismo para endurecerla y prohibir la prostitución callejera, con los votos del Gobierno municipal de CiU y del PP, que ha impulsado el cambio, y el rechazo de PSC, ICV-EUiA y UpB.
Así, el veto se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia (Bopb) y entrará en vigor en agosto, aunque durante las primeras semanas trabajadores de la Agencia por el Abordaje Integral del Trabajo Sexual (Abits) informarán a las meretrices y la Guardia Urbana avisará a quien solicite servicios sexuales de que esta práctica será sancionada.
El principal cambio en la ordenanza es la supresión del aviso previo de la Urbana y que las sanciones serán mayores para los clientes –a los que se podrá multar aún siendo ‘clientes potenciales’, aspecto que ha pedido CiU– que para las prostitutas, y oscilarán entre los 100 euros y los 3.000, esta última cifra si se mantienen relaciones sexuales retribuidas en la calle.
El PP ha llevado la batuta en la modificación de la ordenanza, y su líder, Alberto Fernández, ha celebrado en el debate el apoyo de CiU, y ha subrayado que el veto permitirá pasar de «una prostitución hasta ahora autorizada con excepciones a una prohibición de la práctica sin excepciones y con agravios», en referencia a las mayores sanciones si se practica el sexo a menos de 200 metros de una escuela.
Desde el Gobierno municipal, la concejal de Mujer y Derechos Civiles, Francina Vila, ha resaltado que el cambio aumentará la seguridad, intensificará la lucha contra la explotación y tráfico de mujeres y apoyará a las víctimas del fenómeno poniendo el foco en la demanda y no en la oferta, y ha añadido: «Envía un mensaje a la ciudadanía y visitantes de qué situaciones no queremos que se produzcan en nuestras calles y plazas».
Assumpta Escarp (PSC) ha censurado que no se elimine la sanción a las prostitutas –algo que pidieron en las alegaciones–, y ha asegurado que «a partir de hoy Barcelona será más hipócrita en el tratamiento de la prostitución», en lo que ha coincidido Elsa Blasco (ICV), que ha acusado a CiU de dejarse llevar por el PP y no escuchar a la oposición ni a los informes de los servicios municipales y de la Síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, que desaconsejaban el veto.
Después de que Escarp tachara de hipócrita la medida, Vila le ha replicado que el PSC «ha tenido 32 años de oportunidades» al frente del consistorio para abordar la prostitución, por lo que le ha acusado de cínica, y se ha justificado con datos: según la concejal de CiU, en el último mandato de los socialistas se impusieron 6.800 sanciones a mujeres y 260 en el primer semestre de 2011, antes de que entrase CiU en el Gobierno municipal, que ha reducido en un 50% las multas a meretrices y en un 12% a clientes, según Vila.
El líder de UpB, Jordi Portabella (ERC), también ha criticado a CiU por no atender a informes desfavorables al veto, y que la prohibición sea sólo para la calle y no en los prostíbulos, por lo que ha preguntado al Gobierno municipal si «sólo les molesta lo que se ve en la calle y da igual lo que pase de puertas adentro»; además, ha abogado por regular el fenómeno.
Conmutar multas
El nuevo redactado de la ordenanza modifica los artículos 39 y 40, e incluye que las prostitutas puedan conmutar la multa si participan en un curso de inserción de la Agencia por el Abordaje Integral del Trabajo Sexual (Abits), lo que llevará a desarrollar un reglamento para garantizar su buena aplicación.
Para las prostitutas, la sanción será de 100 a 300 euros por ofrecer o aceptar prestar servicios sexuales retribuidos en la calle, y de 300,01 a 750 si se hace a menos de 200 metros de una escuela; para los clientes que pidan o negocien, y cualquier conducta que promueva la prostitución callejera –pedido por el PSC en las alegaciones–, la multa será de 1.000 a 1.200 euros, y de 1.200,01 a 1.500 si a menos de 200 metros de una escuela; si se mantienen relaciones sexuales retribuidas en la calle, será de 1.500,01 a 3.000.