Las principales asociaciones de jueces coinciden en reprobar y considerar un mal ejemplo que el expresidente del Consejo General del Poder Judicial Carlos Dívar pueda cobrar una indemnización de más de 208.000 euros después de renunciar al cargo, y creen que la ley no debería permitirlo.
El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llanera, ha considerado que esa indemnización es un beneficio económico que se da por la prestación de una función pública y que «carece de toda lógica que pueda recibirlo aquella persona que ha renunciado a desempeñar esa función de alta relevancia».
Lo mismo piensa el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, que ve difícilmente comprensible por parte de los ciudadanos que en un momento de sacrificio como este se abonen indemnizaciones de tan elevada cuantía e incluso desproporcionadas.
Bosch cree también que hay «dudas jurídicas» sobre si debe recibir la indemnización al haber renunciado a su cargo y entiende que el Parlamento debería modificar este régimen indemnizatorio, no solo para el CGPJ, sino también para altos cargos y exministros, ya que da la imagen de que existe una «casta privilegiada» y vulnera los criterios de igualdad.
Por su parte, Ángel Dolado, del Foro Judicial Independiente, ha reconocido que la indemnización para Dívar puede ser legal y ajustarse al reglamento pero puede interpretarse como un «mal ejemplo» para el resto de los ciudadanos.
Lo tiene que aprobar el CGPJ
La petición de Dívar será abordada en el pleno que el próximo lunes celebra el CGPJ después de que la Comisión de Estudios e Informes, por tres votos a dos, le haya dado el visto bueno a la indemnización, según han confirmado fuentes del órgano de gobierno de los jueces, tras considerar que cumple los requisitos por haber pasado más de dos años al frente de la institución.
«Es posible que la norma jurídica reconozca este derecho de forma incondicional y que legalmente se tenga derecho a ella», dice Llanera, que añade que, si eso así, y es lo que interpretan los vocales del Consejo, Dívar tendría el derecho pero podría renunciar a él.
Si no renuncia, el portavoz de la APM, asociación conservadora y mayoritaria en la carrera judicial, cree que entonces el legislador «debería modificar este régimen de indemnización, no solo para el presidente del CGPJ, sino para todos los beneficiarios y políticos», para que no se perciba cuando se abandona el cargo voluntariamente.
«La lógica de la norma no la entiendo, pero si está mal redactada que renuncie a la indemnización y si no que se modifique la norma para que esto no ocurra», concluye. La progresista JpD resalta además que el Tribunal de Cuentas debería aclarar si Dívar utilizó fondos públicos para el pago de sus gastos en viajes de fin de semana.
Por último, Dolado cree que Dívar debería jubilarse directamente y no disfrutar de este tipo de privilegios por el único hecho de haber ocupado un alto cargo del Estado durante unos años.