El presidente del Tribunal del caso ‘Malaya’, José Godino, ha declarado visto para sentencia el juicio contra la corrupción en la localidad malagueña de Marbella, celebrado en la Audiencia de Málaga desde septiembre de 2010 y considerado el mayor caso judicial. Ha asegurado que se dictará «con absoluta independencia e imparcialidad» una sentencia «justa, sin necesidad de ningún otro calificativo» en un plazo de entre seis u ocho meses.
En esta última sesión, la número 199 de la vista oral, han ejercido el derecho a la última palabra 17 de los 86 procesados, entre ellos el presunto cerebro de la supuesta trama, Juan Antonio Roca; el exalcalde marbellí Julián Muñoz, el exprimer teniente de alcalde Pedro Román, los exediles Isabel García Marcos o Tomás Reñones y empresarios como José Ávila Rojas y Rafael Gómez Sánchez ‘Sandokán’.
En una intervención antes de decir visto para sentencia, Godino ha expresado el agradecimiento a las instituciones, que han puesto los medios personales y materiales para la celebración de un juicio «de esta naturaleza»; a sus compañeros magistrados Rafael Linares y Manuel Caballero Bonald; a la secretaria judicial, por su trabajo y profesionalidad; y al fiscal, letrados y procuradores por su colaboración con la Sala.
Asimismo, ha dicho sentirse «orgulloso» de todos los funcionarios que han hecho posible el desarrollo del juicio, destacando que su labor ha sido «un verdadero ejemplo de lo que debe ser un servidor público» y han hecho mención también a los periodistas que «día a día durante casi dos años han venido ofreciendo una información veraz y objetiva de lo acontecido en las sesiones de este plenario».
Las acusaciones y las defensas
La Fiscalía Anticorrupción acusa a Roca de los delitos de blanqueo de capitales continuado, cometido en el ámbito de una organización en la que él es el «jefe de la misma»; prevaricación administrativa, malversación, ambos como inductor; fraude y cohecho pasivo. Por esto, solicita en total 30 años de prisión y multa de unos 800 millones, mismas peticiones que en su escrito inicial.
El representante del ministerio público ha pedido una sentencia «ejemplar», ha retirado al final la acusación para nueve de los 95 acusados y ha llegado a un acuerdo con tres de los procesados. Mantiene que Roca amasó un patrimonio «muy importante», coincidiendo con la época en que estuvo ligado laboralmente con el Ayuntamiento, mientras su defensa sostiene que ya tenía un patrimonio previo importante y que era un empresario de éxito.
Esta acusación considera que para encubrir la titularidad de sus bienes «ilícitamente obtenidos», Roca constituyó «una verdadera organización» que, «bajo su dirección, gestionaba y administraba su patrimonio». Para la defensa del principal acusado nunca hubo ocultamiento y no existía una organización ni testaferros, sino fiduciarios y administradores «reales» de las empresas.
Sostiene el fiscal, que ejerce la acusación al igual que el Ayuntamiento de Marbella y la Junta de Andalucía, que Roca dirigía «totalmente el Ayuntamiento» y que aprovechó esto para negociar con empresarios, que «estuviesen dispuestos a abonarle la pertinente contrapartida económica», nuevos parámetros urbanísticos de terrenos, bajo el compromiso de incluirlos en la revisión del plan general.
Esos fondos eran supuestamente «repartidos, destinando una parte de ellos a retribuir a las autoridades y funcionarios municipales, consiguiendo de ese modo que se limitaran en todo momento a aprobar todo lo que les propusiera por el referido procesado, sin oponer objeción alguna», señala el ministerio público en su escrito de conclusiones definitivas.
Las defensas de empresarios y administradores de sociedades de Roca han defendido sus negocios y su actuación, negando conocer su supuesto pasado delictivo; mientras que las de los exediles han insistido en que no hay pruebas de que cobraran ese dinero, ni siquiera los archivos intervenidos en la sociedad Maras Asesores, que para las acusaciones son la contabilidad de pagos y cobros.
Roca ha admitido que pagó, pero a los portavoces del equipo de Gobierno –Marisol Yagüe por el GIL, Isabel García Marcos por el PSOE y Carlos Fernández, que está fugado, por el PA– y sólo para mantener unido este tripartito. Yagüe y García Marcos lo han negado en los careos que mantuvieron con el principal acusado, quien, además, ha validado parte de los archivos Maras, aunque no las identificaciones de todas las iniciales. Por ejemplo, para Roca JM no es Julián Muñoz.
Además de pedir la absolución, las defensas han criticado, duramente en algunos casos, la instrucción realizada, considerando que se ha producido violación de derechos fundamentales. Así, han instado a la nulidad de declaraciones judiciales, arrestos, registros, intervenciones telefónicas, resoluciones judiciales, etcétera.