El Gobierno aprobará próximamente un Real Decreto en materia de asistencia a las víctimas de accidentes aéreos y sus familiares, una nueva normativa que unificará e integrará en una sola norma «todas las actuaciones» que deben realizarse con posterioridad a una tragedia de este tipo, según anunció la ministra de Fomento, Ana Pastor.
Actualmente España no dispone de una legislación unitaria para atender a las víctimas y familiares de grandes catástrofes con carácter general, sino que dicha atención se adopta sectorialmente, por lo que es habitual que las medidas se encuentren dispersas y no perfectamente definidas.
Por ello, justo cuando mañana, 20 de agosto, se cumplen cuatro años del accidente de Spanair en el aeropuerto de Madrid-Barajas en el que murieron 154 personas, el Ejecutivo busca establecer un protocolo de actuación y coordinación para hacer más eficaz la actuación administrativa en caso de accidente aéreo y ayudar a las víctimas y familiares en un momento doloroso.
Pastor detalló que el objetivo es clarificar el apoyo que víctimas y familiares deben recibir con posterioridad a una accidente y cómo actuar de «forma inmediata» ante cualquier tipo de incidente aéreo, ya que servirá para incluirse en los planes territoriales de emergencias.
Trabajo «intenso en prevención»
La titular de Fomento ha aprovechado en la víspera del fatal accidente del vuelo JK5022 para transmitir su apoyo a las víctimas del accidente y a sus familiares y ha remarcado que desde su Departamento se trabaja «de una manera muy intensa» en la prevención para que «accidentes de este tipo no vuelvan a ocurrir».
«Las actuaciones de prevención nunca son suficientes y se tiene que seguir trabajando. Desde la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) tenemos que seguir realizando inspecciones de forma regular, haciendo que se cumplan las normas y velando por la seguridad aérea (…). Se han llevado a cabo muchas actuaciones en el ámbito de la seguridad aérea, pero todavía queda mucho por hacer», ha reconocido.
Figura de apoyo a las víctimas
La nueva norma incluirá la asistencia a las víctimas y familiares en todos los ámbitos desde la información como el apoyo psicológico, el económico y el administrativo, en línea con el programa de la Organización Internacional de la Aviación Civil (OACI, por sus siglas en inglés) sobre esta materia.
Entre las medidas que contempla, figura la designación de una persona de contacto para los familiares y víctimas por parte de la Administración General del Estado. En caso de accidente aéreo, será la encargada de asegurar las medidas de coordinación entre los distintos ministerios afectados (visados, documentos de identidad, repatriación y actuaciones judiciales).
Además, facilitará a las víctimas los trámites y la información necesaria de suma importancia con «la mayor diligencia posible», algo que desde Fomento se considera «fundamental».
El accidente aéreo de Spanair marcó un antes y un después en seguridad aérea en España. Tras la catástrofe, el Parlamento Europeo aprobó la obligación para las aerolíneas de facilitar la lista de pasajeros en un máximo de dos horas en caso de siniestro, a petición de España. Además se creó una Red Europea de Autoridades de Investigación sobre la Seguridad de la Aviación Civil y se emitieron hasta 31 recomendaciones a raíz del informe de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC).
Programa de Seguridad Operacional
El nuevo Real Decreto se enmarca también dentro de la mejora de la seguridad aérea, una de las prioridades del Ministerio de Fomento, que presentará en los próximos meses un Programa Estatal de Seguridad Operacional (EPSO), con el que quiere reforzar el enfoque preventivo de la seguridad operacional aérea.
Aunque los niveles de seguridad aérea en España son equivalentes al resto de los países de la UE, solo Australia y Canadá cuentan con programas similares, con lo que se busca potenciar todavía más la acción preventiva.
En este ámbito, el Gobierno también ha autorizado a hacer públicas todas las medidas de seguridad área que afectan a los viajeros incluidas en el Programa Nacional de Seguridad Aérea para la Aviación Civil, según lo dispuesto en la normativa europea, que los pasajeros pueden consultar en la web de la AESA.