Los tres primeros imputados por el caso de los ERE irregulares que han comparecido este martes ante la comisión de investigación parlamentaria se han acogido a su derecho a no declarar e incluso dos de ellos (Ramón Díaz y Antonio Diz-Lois) amagaron con acciones legales por las preguntas planteadas por los diputados.
La primera de las nueve sesiones ha estado marcada por la negativa de los tres primeros imputados a contestar a las preguntas de los grupos, lo que no ha impedido conocer algunas de sus opiniones sobre un caso en el que la comisión intenta aclarar responsabilidades políticas en la concesión de ayudas públicas por valor de más de 1.200 millones durante una década.
El primero en comparecer fue Ramón Díaz, exdiputado del PSOE y antiguo asesor de la Consejería de Empleo imputado por la juez encargada del caso Mercedes Alaya.
Díaz ha intentado ausentarse de la comisión alegando que «se sentía coaccionado» e «indefenso» ante unas preguntas «difamatorias» que pretendían «provocar su respuesta ante insinuaciones falsas».
El exdiputado ha protagonizado un enfrentamiento con el presidente de la comisión, Ignacio García (IU), a quien ha anunciado su decisión de ausentarse, aunque finalmente ha desistido ante la advertencia de que incurriría en un delito de desobediencia previsto en el Código Penal.
Ha llegado a interrumpir en varios momentos las preguntas de los portavoces parlamentarios, en especial cuando Rafael Salas (PP) leía su pregunta sobre si había cobrado comisiones para él mismo, la Junta o el PSOE, a lo que ha replicado que no acepta que se le difame acusándole de «cobrar dinero sin pruebas».
Un «simple jefe de servicio»
Acompañado al igual que los otros dos comparecientes por su abogado, el exjefe de servicio de la Dirección General de Trabajo Antonio Diz-Lois, ha alegado que era un «simple jefe de servicio» en la Consejería de Empleo.
Un «poco nervioso», según ha reconocido, se ha limitado a la lectura de una declaración en la que ha dicho que «jamás» ha sido «asesor ni intermediario en ninguno de los expedientes de concesión de ayudas que están siendo investigados» y ha advertido a la comisión de que se reserva el derecho a emprender acciones judiciales por una «presunta coacción» y una «restricción al derecho a la defensa».
El tercero fue el exgerente de la empresa municipal Mercasevilla Fernando Mellet, que ha denunciado ser objeto de una «persecución personal» con «total ausencia» de garantías jurídicas, lo que ha atribuido a una batalla política de los grandes partidos para alcanzar «altas» cotas el poder.
El testimonio de Mellet se ha centrado en defender su inocencia y el «escarnio» al que estaba siendo sometido y ha apuntado que las ayudas a los expedientes y los contactos con las aseguradoras venían «decididas» por la Dirección General de Trabajo y la Consejería.
La juez Mercedes Alaya acusa al exgerente de la empresa municipal de participar en la inclusión de intrusos en el ERE de Mercasevilla en presunta connivencia con la consultora Vitalia.
Está imputado en los cuatro sumarios vinculados al fraude y afrontará en otoño un juicio sobre un intento de soborno de más de 400.000 euros a dos empresarios hosteleros.
Crispación y acusaciones
Las crispación y las acusaciones políticas volvieron a repetirse esta vez a propósito de la decisión de la comisión de que las preguntas a los declarantes fueran presenciales, propuesta aprobada por el PP e IU y rechazada por el PSOE, que se negó a preguntar en la comisión y optó por pasar al presidente el interrogatorio por escrito.
El presidente de la comisión terció al final de la jornada en la polémica para recordar que las preguntas se tienen que resolver oralmente en la comisión, tanto para los comparecientes como para los grupos.
El PP denunció los intentos del PSOE-A de «silenciar» y «dificultar» con su actitud la investigación para «ocultar el mayor fraude» de Andalucía, en lo que definió como la «orquestación de la primera función circense que elude» preguntar a los citados.
Los socialistas justificaron su negativa a preguntar en el «respeto» a la decisión de los imputados a acogerse a su derecho a no declarar y recalcaron su ánimo de «esclarecer la verdad y apostar por transparencia, el rigor y seriedad».
IU, por su parte, no ocultó su «extrañeza» ante la coincidencia de los argumentos de los dos primeros comparecientes sobre la posibilidad de emprender acciones legales por el hecho de plantearles preguntas en la comisión.
Mañana la comisión parlamentaria intentará interrogar a Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo de la Junta encarcelado desde marzo, y a Antonio Rivas, exdelegado de la Consejería de Empleo en Sevilla.
Estrella Digital/Agencias