El informe de la Clínica Forense de la Audiencia Nacional sobre el estado de salud del etarra Josu Uribetxeberria Bolinaga, condenado por el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, concluye que el preso «en la actualidad no se encuentra en fase terminal y únicamente presenta leves síntomas clínicos» en relación con el cáncer que sufre. El documento sostiene que «el tratamiento actual del enfermo, a la vista de la sintomatología que presenta, es compatible con ser llevado a cabo por los servicios médicos del centro penitenciario», ya que los pacientes en su situación tienen un 50 por ciento de posibilidades de superar los 11,3 meses de vida.
No obstante, concreta que cuando tenga que recibir un tratamiento de radioterapia «sí deberá realizarse en un centro hospitalario», ya que la enfermedad diagnosticada es «de muy mal pronóstico a largo plazo».
«El tratamiento de las eventuales complicaciones y de los nuevos síntomas que previsiblemente surgirán en el curso evolutivo de la enfermedad deberá ser valorado en el momento en que estos aparezcan», señala el informe, que está firmado por la forense Carmen Baena.
Para realizar esta valoración, la Clínica Forense se ha basado en una serie de tablas que clasifican «los índices pronóstico del paciente» a partir de «evidencias radiológicas, el número y la localización de las metástasis», así como en «criterios clínicos».
El estudio pericial médico, que tiene seis folios, ha sido entregado este viernes al juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, y al fiscal Pedro Rubira, que ha asumido la causa en sustitución del fiscal-jefe, Javier Zaragoza.
CONTRADICE OTROS DOS INFORMES
El informe, difundido por El Confidencial, contradice el que realizó el Hospital Donostia de San Sebastián, que estaba firmado por una «comisión médica» del servicio vasco de salud Osakidetza. El documento recogía que el preso se encuentra en una situación «irreversible» en la que «más de la mitad de los pacientes fallecen antes de los nueves meses y la probabilidad de supervivencia a los 12 meses estaría en torno al 10 por ciento», es decir, que tendría un 90 por ciento de probabilidades de fallecer antes de un año.
También es contrario al elaborado por la cárcel de Zaballa (Álava), que concluía que el tratamiento que necesita el preso no es posible en una cárcel «porque en las prisiones hay enfermerías que son como centros de atención primaria», según señaló el jueves el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien añadió que «ese tratamiento exige estar ingresado en un hospital».
En la misma línea se manifestó el secretario general de Instituciones Peniteciarias, Ángel Yuste, quien dijo el miércoles en una entrevista que el preso está recibiendo en el hospital un tratamiento que no se le puede dar en las enfermerías de la cárcel porque éstas tienen la consideración de ambulatorio.
A LA ESPERA DE LA LIBERTAD CONDICIONAL
El carcelero de Ortega Lara disfruta desde el pasado viernes del tercer grado penitenciario, que le concedió la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias por «razones humanitarias» y «a pesar de la entidad de los delitos cometidos», una vez estudiada la propuesta a favor elaborada por unanimidad por la Junta de Tratamiento de la cárcel.
«Esta Secretaría General entiende que, a pesar de la entidad de los delitos cometidos por el penado, resulta indudable que tanto la gravedad de la enfermedad, su previsible evolución, así como las características del tratamiento mitigan extraordinariamente la peligrosidad del recluso y anulan prácticamente el riesgo de reincidencia», explicaba Prisiones.
En todo caso, le imponía como condiciones el «alejamiento de las víctimas de sus delitos o de los familiares directos de éstas», la «prohibición de participar de forma activa o pasiva en manifestaciones públicas de enaltecimiento o legitimación de la violencia» y la imposibilidad de «ausentarse, sin previa autorización de la Administración Penitenciaria, de la localidad en la que fije su residencia».
La decisión sobre la libertad condicional de Uribetxerria Bolinaga, que se encuentra en el hospital Donostia de San Sebastián desde el pasado 1 de agosto, donde realizó una huelga de hambre de 15 días, depende ahora de la decisión que adopte el juez Castro tras recibir el informe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.