El director general de la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Agustín Rivero, ha señalado que solo «una mínima parte» de las atenciones que reciban los inmigrantes que están en situación irregular en España no se podrán facturar.
En declaraciones a los medios tras la asamblea extraordinaria de la Organización Médica Colegial (OMC), Rivero ha defendido la entrada en vigor de la norma del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria pública en España.
Así, ha reiterado que, a partir de ahora, todos los inmigrantes ‘sin papeles’ que necesiten de atención médica urgente serán atendidos, si bien la diferencia será el establecimiento de protocolos de las comunidades autónomas para pasar a cobrar ese servicio.
«Sucede como cuando uno va a un hospital, no presenta tarjeta y luego llega a casa una factura. La factura llega, pero tu vuelves y dices ‘tengo tarjeta’ y no te lo cobran. Habrá facturación que se podrá cobrar pero serán los servicios de salud los que tengan que ver cuál es la fórmula más adecuada para que esa factura se pague», ha señalado.
Respecto a la posibilidad de que esa atención no se cobre, Rivero ha resaltado que «hay muchas opciones» de efectuar el cobro a través de programas sociales o de salud pública, si bien ha remarcado que «será una mínima parte» los casos en que no se pueda cobrar.
«Aquellos que puedan pagarlo lo pagarán y si la factura no se puede pagar, pasará como cuando no puedes pagar otras facturas, pero al paciente no se le puede dejar morir», ha explicado. En cualquier caso, ha resaltado que el cobro de estos servicios dependerá del área de facturación de las comunidades autónomas.
Entre las opciones para cobrar ese dinero, el directivo no ha descartado el cobrar a los inmigrantes por los servicios sanitarios una vez se hayan regularizado, al igual que en otros países europeos. Asimismo, se contempla el establecimiento de cuotas a inmigrantes por parte de las comunidades autónomas para que tengan el servicio.
Inmigrantes subsaharianos y europeos
Rivero ha descartado que esta medida sea discriminatoria, resaltando que responde no sólo a la atención a inmigrantes subsaharianos, sino a inmigrantes europeos ilegales que se prejubilan y vienen a España «actuando como personas que tienen derecho a atención sanitaria cuando no es así». «La norma es para todos», ha afirmado.
En cualquier caso, ha explicado que ningún paciente será desatendido, ya que esta iniciativa únicamente «pretende acabar con los abusos». «Si una persona está enferma, me imagino que alguien lo va a ver, el médico verá si es urgente o no esa asistencia, pero no puedes dejar que no lo vea nadie», ha aseverado.
Además, ha reiterado la importancia de «empezar de cero» para conocer las personas que podrían verse afectadas por la medida –en torno a 150.000– para «saber lo que está sucediendo». Asimismo, ha defendido la financiación de medicamentos por el sistema de salud, ya que entiende que España es el país con más medicamentos en el vademecum, junto a Francia y Alemania, con más de 10.000.