La investigación sobre el presunto entramado para apoderarse de dinero público que habrían tejido Iñaki Urdangarin y su socio a través de Instituto Nóos ha dado un nuevo paso que complica más la situación del yerno del rey. La Fiscalía Anticorrupción ya ha calculado la cantidad supuestamente desviada por la ONG del duque de Palma y su antiguo profesor, Diego Torres, gracias a la primera cumbre turístico-deportiva de las tres celebradas en Valencia y cofinanciadas por la Generalitat y el Ayuntamiento que dirige Rita Barberá: 800.000 euros del millón cobrado por Instituto Nóos con cargo a esa cumbre, la Valencia Summit de 2004.
Si la pauta se repite y las cantidades desviadas en 2005 y 2006 se asemejan a la de 2004, la fianza civil que Anticorrupción solicitará para Urdangarin y Torres podría rozar los cinco millones de euros. La fianza civil, distinta de la penal y que busca asegurar las eventuales responsabilidades económicas derivadas de una condena, se determina sumando el dinero que presuntamente fue malversado y añadiendo un tercio. Dado que en Baleares Anticorrupción estima en 1,3 millones los fondos desviados sobre un total de 2,3 millones, sólo falta finalizar el cómputo de lo que Instituto Nóos ingresó en Valencia de forma supuestamente indebida.
Fuentes de la investigación precisaron este lunes que, tanto si Hacienda entrega los informes pendientes –uno de ellos, sobre los costes reales de las tres Valencia Summit- como si no lo hace, Anticorrupción solicitará la caución económica antes de que finalice septiembre. Previsiblemente, la fianza afectará no solo a Urdangarin y Torres como personas físicas sino a sus empresas: entre ellas, Aizoon SL, cuya propiedad comparten el duque de Palma y su esposa, la infanta Cristina.
Para cifrar en 800.000 euros la cantidad desviada en Valencia durante 2004, los investigadores han aplicado un método, descontar del monto total abonado a Instituto Nóos las facturas endosadas por proveedores de servicios reales: y esa suma no alcanza ni 200.000 euros, explican los investigadores. En el capítulo de proveedores reales, no se las facturas que las distintas empresas de la trama cargaron a Instituto Nóos, la ONG dirigida por los propietarios de esas mismas sociedades mercantiles. Anticorrupción tampoco tiene en cuenta que el convenio para esas Valencia Summit incorporase el abono de un “canon” a Instituto Nóos: aquello, sostienen los investigadores, no fue un convenio de carácter altruista sino una adjudicación pura y dura de servicios. Sin concurso y a precio desorbitado.
El dinero centró justamente este lunes la segunda comparecencia como testigo de Vicente Rambla, exvicepresidente del Ejecutivo valenciano en el Gobierno de Francisco Camps. Rambla admitió haber asistido a dos comidas con Urdangarin en noviembre de 2007 y en marzo de 2008. La primera de ellas, aseguró, fue convocada por el Duque de Palma, se celebró el 30 de noviembre de 2007 en el hotel Intertur de Castellón y, pese a todo lo anterior, fue sufragada por la Generalitat. ¿Convocó Urdangarin el almuerzo para pedir a la Generalitat que le abonara las facturas relativas al último y cuarto convenio de la serie valenciana –los fallidos Juegos Europeos- que, por dos millones de euros, había bloqueado finalmente la subsecretaria de Pesidencia, Isabel Villalonga? ¿La convocó para eso o para que el proyecto de Juegos Europeos siguiera delante? “Puede ser”, respondió Rambla. Él mismo remarcó que interpretaba que Urdangarin seguía entonces vinculado a Instituto Nóos. Y que, de hecho, ninguna de las dos comidas se habría suspendido si Diego Torres no hubiera podido asistir pero sí en el supuesto de que el problema de agenda lo tuviera Urdangarin. Quien le importaba a la Generalitat, vino a decir, era Urdangarin, no su socio y antiguo profesor de Esade. Haber bloqueado el pago de esas facturas ha terminado pesando como factor decisivo en el juez, que este lunes levantó a Isabel Villalonga la imputación que pesaba sobre ella.
Aunque el exvicepresidente valenciano y la exconsellera de Deportes, Trinidad Miró, comparecieron como testigos –ya lo habían hecho en julio-, ambos testificaron con el ‘apoyo moral’ de un abogado, el exfiscal de la Audiencia Luis Jordana. ¿Significa lo anterior que Rambla y Miró temían que el juez o el fiscal detuvieran el interrogatorio para anunciar su inhibición ante el Tribunal Superior valenciano, ante el que los dos ex altos cargos gozan de aforamiento por su condición de diputados autonómicos? La pregunta constituye una incógnita, aunque distintas fuentes vinculadas al caso creen que el juez Castro difícilmente traspasará una parte del caso al tribunal valenciano, el mismo que en 2009 torpedeó la investigación sobre la rama valenciana de la Gürtel y cerró en falso el llamado caso de los trajes de Camps. Dos años más tarde, Camps fue finalmente absuelto por un jurado popular.
Este lunes, el juez se enfadó con la exconsellera de Deportes por su desmemoria. Porque Trinidad Miró recordaba incluso que ella misma y Rambla se habían desplazado a Castellón en coches diferentes. Y que Urdangarin había llegado a la cita conduciendo su propio vehículo. En cambio, demostró amnesia total sobre el contenido de aquel almuerzo de trabajo. Y ello pese a que los dos asuntos en liza –los Juegos Europeos o el también fallido proyecto de los Juegos de la Juventud- correspondían a su departamento.