Cinco magistrados de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estudiarán el recurso de apelación presentado por la Fiscalía contra la excarcelación del etarra Josu Uribetxeberria Bolinaga, al no haberse constituido una mayoría que haya pedido que el caso sea revisado por el Pleno, informaron fuentes jurídicas.
La avocación a Pleno del recurso ha contado únicamente con el apoyo de ocho de los 18 magistrados de la Sala de lo Penal, por lo que será estudiado por los jueces de la Sección Primera Fernando Grande-Marlaska (presidente), Ramón Sáez, Javier Martínez Lázaro, Nicolás Poveda (ponente) y Alfonso Guevara, que ha sido elegido por sorteo en sustitución de Manuela Fernández Prado, que disfruta de una licencia de estudios.
El tribunal, que se reunirá a partir de este miércoles, a partir de las 17.00 horas, para comenzar a deliberar, ha pedido un informe a la forense de la Audiencia Nacional Carmen Baena para que valore los últimos análisis médicos remitidos por el Hospital Donostia de San Sebastián, donde se encuentra el recluso desde el pasado 1 de agosto.
Peligro por su vida
En una providencia dictada este miércoles, la Sección Primera acuerda la unión a la causa de estos informes, remitidos a través del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, y su traslado a la médico forense al objeto de que «a la vista de los mismos» confirme antes de las 14.00 horas de este martes si «ratifica su informe obrante en la causa o realice cualquier ampliación sobre el peligro por la vida del interno».
En su informe, en el que se basó la Fiscalía para oponerse a la excarcelación de Uribetxeberria Bolinaga, la forense sostenía que el etarra, condenado por el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, no se encuentra en la actualidad «en fase terminal y únicamente presenta leves síntomas clínicos» en relación con el cáncer que sufre.
Para guardar «la debida contradicción», el estudio forense será trasladado al Ministerio Fiscal y a la representación procesal del interno para que presenten alegaciones si lo estiman oportuno antes de las 12.00 horas de mañana, miércoles.
De los cinco magistrados que tendrán que estudiar el recurso de la Fiscalía, sólo dos –el presidente de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, Alfonso Guevara, y el ponente, Nicolás Poveda– han solicitado la avocación del asunto a Pleno. El presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska, y los magistrados Ramón Sáez y Javier Martínez Lázaro no apoyaron la medida.
Los otros seis integrantes de la Sala de lo Penal que se han mostrado partidarios de que sea el Pleno el que estudie el recurso han sido los cuatro jueces de la Sección Cuarta –Ángela Murillo, Teresa Palacios, Juan Francisco Martel y Carmen Paloma González– y los miembros de la Sección Tercera Guillermo Ruiz Polanco y Ángeles Barreiro.
Los otros siete magistrados que no han pedido la avocación son todos los de la Sección Segunda –Fernando García Nicolás, Enrique López, José Ricardo de Prada, Ángel Hurtado y Julio de Diego– y los jueces de la Sección Tercera Clara Bayarri y Antonio Díaz Delgado.
De esta forma, ha prevalecido el punto 9 de la Disposición Adicional Quinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que establece en relación con este tipo de recursos que «en aquellas audiencias donde haya más de una sección, mediante las normas de reparto, se atribuirá el conocimiento de los recursos que les correspondan según esta disposición, con carácter exclusivo, a una o dos secciones».
Los magistrados que defendían la avocación a Pleno apelaban al artículo 197 de la LOPJ, que recoge que los magistrados podrán ser llamados para formar sala aunque la ley no lo exija «cuando el presidente o la mayoría de aquellos lo estime necesario», de forma que sería necesario el acuerdo de al menos 10 de los 18 magistrados de la Sala de lo Penal para que todos ellos estudiaran la excarcelación de Bolinaga.
La Fiscalía recurrió el pasado miércoles la excarcelación del etarra condenado por el secuestro del funcionario de Prisiones José Ortega-Lara, al considerar que «padece una enfermedad grave e incurable pero no se encuentra en situación de riesgo inminente o de peligro patente para su vida» y pidió de forma expresa la revisión en Pleno.