El Gobierno está dispuesto a abordar en la Conferencia de Presidentes que se celebrará el próximo día 2 de octubre en el Senado la negociación para la reforma de la financiación autonómica, ya que se trata de una de las principales reclamaciones de varias comunidades autónomas.
«Indudablemente, éste (la reforma de la financiación autonómica) será uno de los puntos que preocupa y se abordará», ha explicado la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La vicepresidenta ha insistido –tal y como adelantó ayer el Gobierno tras la reunión entre Mariano Rajoy y Artur Mas– en que el Ejecutivo está «dispuesto» a evaluar el modelo de financiación de las comunidades autónomas y reformarlo durante esta legislatura, dado que ya son varias las autonomías las que le han trasladado su disconformidad con el sistema actual.
Sáenz de Santamaría ha invitado a Cataluña a participar en este proceso de negociación después de que ayer el presidente del Gobierno rechazase de plano la posibilidad de negociar un concierto económico para la comunidad. «En ese marco de colaboración leal y responsabilidad hemos invitado a participar a Cataluña», ha emplazado.
Según ha explicado, la Conferencia de Presidentes estará centrada en la evaluación de la situación económica tanto de la Unión Europea como de España y de cada una de sus administraciones, y también incluirá la reforma de la financiación a petición de las autonomías. Este lunes tendrá lugar una reunión preparatoria del Gobierno con los consejeros de Presidencia de todas las comunidades.
Primero se debe evaluar
Sáenz de Santamaría no ha querido sin embargo desvelar la dirección en la que el Gobierno tiene previsto impulsar la reforma del modelo de financiación autonómica, ya que ha sostenido que el Ejecutivo primero debe «evaluar» el actual sistema para advertir sus fallos y poder después tomar decisiones para su corrección.
La vicepresidenta, igual que ya trasladó ayer Rajoy a Mas, ha recordado que el actual modelo de financiación fue aprobado por el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en acuerdo con la Generalitat de Cataluña y sin el apoyo del PP.