Luz verde a la nueva reforma educativa. El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el anteproyecto de Ley de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). La séptima ley orgánica de la democracia, y según espera el Ejecutivo la «última», puesto que es una normativa «completa» con la que se pretende dar respuesta a dos de los principales retos del Gobierno de Rajoy. En primer lugar, mejorar el nivel educativo; y en segundo lugar, unir las aulas al mundo empresarial y laboral. «Se trata de una de las principales reformas estructurales del Ejecutivo para fortalecer la formación integral de los ciudadanos», ha asegurado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, minutos antes de que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, desgranara las que a su juicio son las principales claves de la nueva normativa.
Con la puesta en marcha de esta nueva norma, el Gobierno aumentará su capacidad de fijar los contenidos educativos en las comunidades autónomas -el 65% en las autonomías que dispongan de lengua cooficial y el 75% en el resto-, así como también el sistema de evaluación. Según Wert, el objetivo es reforzar en todo el territorio español las «asignaturas instrumentales» que a su juicio son imprescindibles para mejorar la «capacidad de aprendizaje» en el futuro. Las lenguas -donde se incluye la lengua castellana, las leguas cooficiales y las lenguas extranjeras-, las matemáticas y las ciencias son las que el ministro ha identificado como claves, y las que a partir de este decreto deberán unificar y reforzar todas las comunidades autónomas. Tal y como ha explicado el ministro, es una exigencia clave para acabar con las diferencias académicas que existen dentro del territorio español. «No estamos hablando de descentralización, sino de equidad», ha aseverado el ministro.
Según Wert, las diferencias educativas entre autonomías es algo que también «preocupa» a la Unión Europea. Por ello, ha insistido en la necesidad de aumentar la proporción que define el Estado sobre los contenidos y establecer un sistema de evaluaciones «homogéneo», si no, ha dicho, «no se puede conocer la realidad del sistema educativo». «Es una competitividad sana; nuestra responsabilidad pasa por la necesidad de garantizar un mínimo en todas las comunidades autónomas», ha defendido.
En este sentido, el Gobierno introduce entre los principales ejes de la reforma las evaluaciones a nivel estatal al final de Primaria, ESO y Bachillerato, además de una prueba en 3º de Primaria para la «detección precoz de problemas de aprendizaje» en los alumnos. Asimismo, los exámenes de ESO y Bachillerato serán necesarios para obtener el título y, en concreto, el segundo sustituirá a la actual Selectividad.
Más novedades
Entre las novedades que se incluyen en esta nueva normativa, también destacan las referidas a Formación Profesional. Según se detalla en la referencia del Consejo de Ministros, los ciclos de Formación Profesional Básica, que sustituirán a los actuales Programas de Cualificación Profesional Inicial, pasan de un año y un segundo año voluntario a dos años completos, y serán considerados educación básica, obligatoria y gratuita. Además, la Formación Profesional de Grado Medio también se moderniza. Se incluyen materias instrumentales adaptadas al campo o sector profesional correspondiente y se facilita la continuidad con la Formación Profesional de Grado Superior a través de materias optativas.
Asimismo, este anteproyecto también abre la puerta a las comunidades autónomas para otorgar conciertos a los colegios de educación diferenciada por sexos; da mayor autonomía a los centros para implantar sus propios métodos pedagógicos; y los directores requerirán un certificado que acredite que han superado un curso sobre función directiva.
Luces y sombras
Según ha explicado este viernes el ministro Wert, en el sistema educativo español encontramos muchas luces y sombras. Tal y como ha reconocido, la educación española cuenta con aspectos positivos, como es el caso de una alta tasa de educación infantil -que está por encima de la media- y de una importante inversión destinada a este fin. «El gasto por alumno en España, según el último informe difundido, se sitúa en 10.024 dolares, un 21% más que la media de la OCDE», ha recordado el ministro. No obstante, lo que más preocupa al Ejecutivo en este momento son las debilidades. El ministro de Educación ha enumerado algunas de ellas: una alta tasa de abandono escolar temprano y un importante déficit en «excelencia». Éste es el camino que el Ejecutivo quiere corregir.
Tal y como ha reconocido Wert, el Gobierno es consciente de que la reforma se presenta en un «contexto difícil», pero insiste en que es necesario para poder «mejorar» el funcionamiento del país. «Es una reforma práctica, sensata, gradual e instrumental», ha explicado el ministro, con la que se pretende «no sólo mejorar los resultados educativos, sino también la inserción laboral». ¿El coste? «nulo» en implementación y de unos 300 millones de euros en consolidación. «La ley exigirá más inversión cuanto más éxito tenga», ha concluido Wert.
Elsa S. Vejo