La jueza de Instrucción número 8 de Plaza de Castilla que tomó declaración a los 34 detenidos por los incidentes del 25 de septiembre alrededor del Congreso de los Diputados se ha inhibido del conocimiento de este procedimiento judicial a favor del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional que dirige el juez Santiago Pedraz, quien ya la semana pasada rechazó investigar estos hechos al considerar que no eran de su competencia.
La magistrada ha tomado esta decisión al acusar a los arrestados por estos hechos de un presunto delito contra las instituciones del Estado, según un auto fechado este 1 de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press.
De esta forma, da por notificada esta resolución al Ministerio Fiscal y demás partes personadas advirtiendo que contra la misma puede interponerse recurso de reforma y subsidiaria de apelación dentro de los tres días siguientes a su notificación o recurso de apelación dentro de los cinco días siguientes a su notificación.
Argumentación
Las diligencias por este caso se incoaron en virtud del atestado número 4894/12 del 25 de septiembre proporcionadas por la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Información. Esta causa es ampliatoria de otra abierta (número 4705/12) por la misma Unidad policial del 15 de septiembre cuando varias personas fueron identificadas en el parque del Retiro cuando organizaban la manifestación del 25-S. El atestado está circunscrito además al procedimiento penal de diligencias previas abierto por el Juzgado número 1 de la Audiencia Nacional.
El atestado 4894, junto con las 34 personas detenidas por los disturbios del pasado martes, fue presentado al Juzgado número 8 de Plaza de Castilla de Guardia de Detenidos, tras la providencia de la Audiencia Nacional que rechazó la competencia para conocer estos hechos. Sin embargo, la jueza de instrucción asegura que «queda claro que el presente atestado es consecuencia y continuación del atestado 4705». Además, argumenta que los hechos podrían encuadrarse en un presunto delito contra las Instituciones del Estado, concretamente sobre al artículo 493 del Código Penal, «por lo que procede la remisión de las mismas a la Audiencia Nacional».
La jueza afirma que hubo una concentración de ciudadanía ante el Congreso de los Diputados coincidiendo con la celebración de la Sesión Plenaria del 25 de septiembre «con el fin de exigir un destitución y ruptura del régimen vigente, etc.». «El día de la convocatoria la Policía protegía el Congreso de los Diputados y el derecho a que los ciudadanos ejercieran libremente sus funciones, originándose los altercados e incidentes con los ciudadanos, los cuales pretendían rebasar el perímetro de seguridad del Congreso, rebasando vallas y enfrentándose por ello con los funcionarios de la Policía», ha esgrimido en el auto.