El Gobierno de Mariano Rajoy se ha negado a opinar sobre el auto que el pasado jueves dictó el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el que exonera de sus cargos a los promotores de la iniciativa «Toma el Congreso» . En él no sólo niega que se produjera ningún delito contra las instituciones del Estado durante las manifestaciones del 25S, sino que critica la actuación policial y pone en relieve la «decadencia» de la clase política. Unas sorprendentes declaraciones que han provocado un alubión de reacciones de todos los signos. Especialmente llamativas son las que este jueves hacía el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, en las que calificaba al magistrado de «pijo ácrata» por utilizar «las togas» y la Audiencia Nacional para hacer una «demagogia política indecente».
Unas controvertidas acusaciones a las que no ha podido evitar contestar el Consejo General del Poder Judicial. En palabras de su portavoz, Gabriela Bravo, las críticas que invaden la esfera personal «mediante descalificaciones que atentan contra el respeto que merece la dignidad personal constitucionalmente garantizada son intolerables y deben cesar de inmediato». Un peligroso cruce de acusaciones y reproches en el que el Ejecutivo ha preferido no entrar. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha presidido este viernes -puesto que el presidente se encuentra en Malta en la cumbre 5+5-, ha eludido hasta en cinco ocasiones hacer ninguna declaración oficial al respecto.
Ahora bien, el desagrado de la ministra por la actuación del juez Pedraz era evidente. En todo momento ha evitado dirigirse a él personalmente, pero las parcas declaraciones que ha hecho a este respecto, bien podrían tener una doble intención. En primer lugar, y la más evidente, evitar un enfrentamiento público con el Poder Judicial. Y en segundo lugar, y de manera subliminal, recordarle al magistrado cuáles son sus funciones.
Según la portavoz gubernamental, el poder Ejecutivo «tiene que saber hasta dónde puede llegar», y por ello «respeta los procedimientos judiciales y las resoluciones que se dicten en su seno». En este sentido, Sáenz de Santamaría se ha abstenido de hacer valoraciones personales y ha insistido en que sus funciones «son otras». No obstante, sí ha querido poner en valor la actuación policial, y en línea con muchos de los miembros del Ejecutivo, como es el caso del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, respaldar la labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. «Son servidores públicos que pusieron en riesgo sus vidas», ha destacado la ‘número dos’ de Rajoy, según la cuál, lo único que hicieron fue «proteger el Congreso de los Diputados, sede de la soberanía popular y de la democracia».
No quería entrar al trapo, pero después de una retahíla de preguntas en la misma dirección, la portavoz gubernamental ha acabado lanzando también un mensaje a todos aquellos ciudadanos que siguen pensando en salir a la calle a manifestarse en contra de la organización político-institucional que existe en España. En este sentido, la ‘número dos’ de Rajoy ha advertido que muchas veces se olvida que en España no siempre se ha disfrutado de democracia. A este respecto, ha recordado que «hubo gente que tuvo que padecer mucho para que fuera una realidad» y ha concluido diciendo que aunque sabe que éste es un sistema «perfeccionable», por el momento, es el «mejor que tenemos».
Elsa S. Vejo