El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha reconocido que la independencia de Cataluña «significaría definitivamente terminar con España porque España no se entiende a sí misma sin Cataluña» y que, además, el Estado español no podría continuar en el euro, viéndose arrastrado hacia un retroceso económico irrecuperable en muchas generaciones.
«Al margen de que jurídicamente la creación de un Estado nuevo tenga las consecuencias de quedarse fuera de la Unión Europea (UE), la propia España no podría sobrevivir a la pertenencia al euro», ha dicho este lunes tras reunirse con miembros del Círculo de Economía.
Alberto Ruiz Gallardón ha añadido que «Cataluña no es a España una extremidad que puede ser arrancada del tronco y que el tronco tenga capacidad para seguir viviendo», ha lamentado metafóricamente.
Ha insistido en que, si Cataluña sigue un camino hacia la independencia, lo que quedaría no sería España, que no podría sobrevivir, sino otra cosa: «No puede concebirse una España sin Cataluña; sería una realidad radicalmente distinta».
Considera además que el sentimiento soberanista de una parte de la sociedad catalana que se evidenció en la manifestación independentista de la Diada del 11 de septiembre nace de «las dificultades económicas» que atraviesa la comunidad autónoma.
Sin embargo, ha advertido de que la receta para la superación de estas dificultades económicas no pasa por un Estado propio catalán: «Ni España es el problema ni la independencia es la solución».
Según ha explicado a los periodistas, este es el mensaje que hoy ha trasladado a empresarios y miembros del Círculo de Economía –presidido por el exministro Josep Piqué–, a quienes ha visto «fundamentalmente» preocupados por la situación económica.
Para Gallardón, la opción de la independencia no se sostiene desde un punto de vista económico, ya que la solución para Cataluña está dentro de España, que «aún siendo un país pequeño, es un Estado que tiene la dimensión suficiente para defender a sus ciudadanos».
Pese a oponerse frontalmente a la independencia, ha reconocido que «Cataluña tiene razón cuando dice que necesita estructuras de Estado para defender a sus ciudadanos», aceptando así los términos utilizados por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, tras la manifestación soberanista.
Sin embargo, también ha asegurado que «la mejor estructura de Estado es la de España», y que cualquier estructura inferior entraría en unas condiciones de debilidad frente a la realidad europea que supondría, a su juicio, un agravamiento de la crisis económica.
«Siempre he mirado a Cataluña como un ejemplo»
El ministro ha aprovechado su visita a Barcelona para elogiar que los catalanes entendieron mucho antes que el resto de los españoles que la clave estaba en el ciudadano y en la empresa, y no en la burocracia del Estado: «Siempre he mirado a Cataluña como un ejemplo», ha alabado.
Por eso, ha insistido en que los problemas de Cataluña no se solucionan saliendo de España sino liderándola, poniéndose «al frente de la idea de regeneración», a la que el resto del Estado necesita sumarse, ha reconocido.
Al preguntársele si el Gobierno tomará alguna medida si el presidente de la Generalitat salido de las urnas el 25 de noviembre decide promover un referéndum sobre la independencia, se ha limitado a contestar que «la respuesta está establecida en la propia Constitución».
«El incumplimiento de la ley tiene consecuencias conocidas por todos», ha advertido, considerando después que este no es el escenario, pues no contempla que el presidente de la Generalitat deje de cumplir la legislación, es decir, convoque una consulta por la independencia.
Carta Magna modificable, pero no es la voluntad de la mayoría
El ministro ha recordado que los catalanes apoyaron en 1978 la Constitución por encima de la media española –en participación y en votos–, aunque ha reconocido que la Carta Magna se puede modificar pero no ve esa voluntad en la mayoría de los españoles.
A preguntas de los periodistas también ha defendido el recurso contra el Estatuto presentado por el PP en el Tribunal Constitucional (TC) y ha negado que ese sea el motivo de las reivindicaciones soberanistas surgidas recientemente, alegando que nada tiene que ver la respuesta de la manifestación contra la sentencia del Estatut –el 10 de julio de 2010– con la manifestación de la Diada influida «por la dificilísima situación económica».