El Tribunal Supremo entrará previsiblemente en escena en el caso Nóos aunque sólo en una rama muy secundaria de las diligencias que tienen a Iñaki Urdangarin como protagonista principal. Ayer, el juez que investiga los manejos económicos de Instituto Nóos imputó al ex secretario de Estado de Deporte en los últimos meses de gobierno de Zapatero y ex alto cargo del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Soler, del PSC, por un contrato de 12.000 euros otorgado en 2004 a la pretendida ONG del yerno del rey. Pero cuando el auto ya había sido notificado a los abogados, se constató que Soler es diputado al Congreso, por lo que goza de aforamiento ante el Tribunal Supremo. Es decir, sólo el alto tribunal puede tomarle declaración en calidad de imputado e investigarle por presuntas actividades delictivas.
Según las fuentes consultadas, el juez dictará hoy un nuevo auto en el que dará por levantada la imputación a Soler. Y a partir de ahí se pondrá en marcha la maquinaria que hará entrar al Supremo en el caso: el magistrado pedirá al Congreso una certificación acreditativa de que Albert Soler posee la condición de diputado y, una vez obtenida, enviará al Supremo, previa inhibición, la parte del caso relativa a ese contrato de 12.000 euros. El juez no necesita aquí elevar suplicatorio a la Cámara Baja, dado que, haya o no delito, Soler nunca lo habría cometido en su calidad de parlamentario sino de concejal del Ayuntamiento de Barcelona, que en 2004 estaba gobernado por el PSC.
El nuevo contrato bajo sospecha fue aportado al juez por el propio Ayuntamiento de Barcelona, ahora dirigido por CiU. Una pregunta formulada por un edil del PP hizo que el consistorio revisara el expediente de la adjudicación, otorgada a dedo a Instituto Nóos para la creación de una red europea del deporte. Con el paso dado ahora por el magistrado instructor del caso, José Castro, el PP ve cómo la investigación alcanza a un socialista, por mucho que su papel resulte secundario y a kilómetros luz del desempeñado por altos cargos del PP balear y valenciano, con el expresidente del archipiélago, Jaume Matas, situado en el panel de imputados principales.
El notario ante el que firmó la infanta declarará como testigo
En el mismo auto, el juez cita para lunes y martes a 58 nuevos testigos en la Ciudad de la Justicia de Barcelona. Todos ellos tuvieron alguna relación profesional con Instituto Nóos, que entre 2004 y 2006 captó 5,8 millones públicos en Valencia y Baleares. En la lista de testigos figura el notario Carlos Masiá, fedatario de varios actos elevados a público por la trama Nóos. Uno de ellos es justamente la constitución de Aizoon SL, la empresa cuya propiedad comparte Urdangarin con su esposa, la infanta Cristina de Borbón. Hasta la fecha, tanto el juez Castro como la Audiencia de Palma han desestimado todas las solicitudes parar imputar a la hija del rey.
La lista de testigos incluye también a la prestigiosa agente literaria Carmen Balcells. En la nómina de citados se cuenta igualmente el abogado Miguel Trias Sagnier, del bufete Cuatrecasas y profesor de Esade, la escuela de negocios donde Urdangarin conoció a quien luego fue su socio, el imputado Diego Torres.