Trabajó en el banco suicio HSBC, en la sede de Ginebra, del que robó datos de los clientes. El ingeniero informático francoitaliano Hervé Daniel Falciani fue detenido el 1 de julio de este año en el puerto de Barcelona en virtud de una orden internacional contra él efectuada por Suiza. Y sin embargo, ahora la fiscalía española se niega a extraditarlo a Suiza, el país que le imputa delitos de encubrimiento y revelación de secretos. España, como el resto de países, olvida así que se trata de un ladrón que no sólo robó los datos, sino que además, los quiso utilizar para chantajear a otros países y clientes. Falciani contaba además con un pasaporte falso.
Según argumenta ahora la Administración española, las personas que colaboran con las autoridades en la denuncia del blanqueo de capitales están exentas de cualquier tipo de responsabilidad, incluida la penal. Pero de aquí surge otra polémica, ¿debería el Estado pactar con delincuentes? Falciani copió 130.000 cuentas de clientes durante su trabajo en el HSBC de Ginebra para después colaborar con las autoridades francesas sistematizando y desencriptando los datos de los supuestos evasores, 659 de ellos españoles. A pesar de estas colaboraciones con distintos países, las sentencias sobre el caso habidas en Italia y Francia declararon nulas las pruebas aportadas porque se trataba de datos robados.
Harvé Daniel Falciani es un presunto ladrón disfrazado de benefactor, un presunto estafador que estuvo extrayendo una gran cantidad de datos confidenciales de los clientes entre 1997 y 2007 con el que autoridades francesas, italianas, alemanas o estadounidenses no tuvieron ningún problema de negociar. Y sin embargo, ahora España lo protege.
Además, los hechos reflejan que Falciani pretendía supuestamente sacar beneficio del presunto robo de información. El 4 de febrero de 2008 el acusado se presentó en el Banco AUDI de Beirut con el fin de negociar la venta de los datos sustraídos. Meses después, tras comprobar que su intento de venta no había dado resultado, Falciani transmitió a un agente del fisco francés una lista de siete clientes franceses del HSBC, hecho que desencadenó un proceso de transmisión de datos a las autoridades francesas.
Francia utilizó la base de datos robados para identificar a unos 3.000 contribuyentes que evadieron impuestos y otros países también tuvieron acceso a información sobre nacionales incluidos. En ese momento a las autoridades galas parece que poco le importó tratar con este estafador con careta de bienhechor.
La Justicia española tiene la pelota en su tejado y es a esta a quien le corresponde decidir qué hacer con Falciani, imputado por Suiza por delitos de encubrimiento y revelación de secretos. En principio la Fiscalía no reconoce los hechos como delictivos y prefiere protegerlo negándose a la extraditación sin tener en cuenta que Falciani intentó vender estos datos por millones de euros. Nadie tiene la certeza de que los datos robados y aportados por el informático francoitaliano sean ciertos o están manipulados. En todo caso sería el banco HSBC quien debería pronunciarse verificando dicha información.
Redacción Estrella Digital