El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, anunció esta semana que estaba dispuesto a seguir los pasos de Cataluña y comenzar a cobrar un euro por receta. Una controvertida medida, que según explicó el líder madrileño es de «carácter disuasorio» y no de carácter «recaudatorio» porque tiene un «escaso impacto económico». Pero que al Gobierno de Mariano Rajoy no parece convencerle. Así lo expresó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, cuando fue Cataluña la primera autonomía en aplicar esta tasa. Y en términos similares se ha vuelto a pronunciar este viernes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que se le ha preguntado en varias ocasiones por este nuevo impuesto que tendrán que soportar los madrileños.
El Gobierno analizará la constitucionalidad del euro por receta
Cuando Cataluña anunció este propósito –que entró en vigor el pasado 23 de junio-, la posición que tuvo que defender la portavoz gubernamental fue más sencilla, puesto que es una región en la que no gobiernan los ‘populares’. Ahora, el caso se complica. Una de las comunidades autónomas del PP -la joya de la corona en votos y presupuesto- también se suma a una iniciativa calificada por la oposición de «indignante e inaceptable» puesto que penaliza «la enfermedad y la pobreza». En su día, el Gobierno ya advirtió que analizaría la compatibilidad con el régimen competencial de las Comunidades Autónomas la decisión catalana de cobrar un euro por receta. Una medida que se extenderá ahora también a la Comunidad de Madrid.
La portavoz gubernamental ha preferido no pronunciarse en exceso sobre la nueva iniciativa madrileña hasta no tener el texto definitivo de la medida propuesta por Madrid. Cuando esto ocurra -ha añadido Sáenz de Santamaría-, y al igual que se procedió con Cataluña, el Gobierno establecerá una mesa de diálogo con el Ejecutivo madrileño, a través de las administraciones públicas, donde se analizará la compatibilidad y la constitucionalidad de una decisión de esa naturaleza respecto del reparto competencial entre al Estado y las comunidades.
El modelo ideado por el Ministerio de Sanidad es bien «diferente»
Por el momento, Sáenz de Santamaría, aunque ha asegurado «respetar» la decisión de Ignacio González, ha preferido desmarcarse de este tipo de impopulares propuestas y recordar que el modelo ideado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad es bien «diferente». «Nuestra reforma tiene en cuenta distintos elementos, fundamentalmente de carácter equitativo, que se pague en función de rentas», ha resaltado Sáenz de Santamaría, que no ha querido pronunciarse sobre si el Ejecutivo de Mariano Rajoy ve con «bueno ojos» este tipo de medidas. Esquivando el peligroso bache, ha recordado que el Ejecutivo ha aprobado una reforma para la sostenibilidad del sistema sanitario de carácter general, para mantenerlo en momentos de bonanza y debilidad económica, y que se trabaja para que sea «de manera equitativa».
En este sentido, la vicepresidenta ha reconocido el «esfuerzo» que el Gobierno está pidiendo a los ciudadanos con el establecimiento del copago farmacéutico aunque ha asegurado que se ha realizado «desde el punto de vista de la equidad» y buscando un «tratamiento ajustado a las circunstancias de renta de todos y cada uno de los usuarios». «El Gobierno respeta todas las decisiones de las comunidades autónomas que se toman en el ámbito de sus competencias y lo que analiza es si tienen capacidad para adoptarlas en el ámbito de dichas competencias», ha recalcado Sáenz de Santamaría, para recordar que el Ejecutivo está intentando «proteger, por primera vez, a los parados sin prestación» haciendo que «no paguen ningún tipo de copago».