El plan de seguridad contratado por la empresa organizadora del evento en el Madrid Arena consistió en 38 vigilantes de seguridad privada para un recinto al que acudieron miles de personas, según informan fuentes de la investigación.
Desde el ayuntamiento explican que se vendieron 9.650 entradas para un recinto con capacidad de aforo para 10.600 personas. Estos 38 vigilantes privados pertenecen al Grupo Seguriber, según estas mismas fuentes. La empresa organizadora del acto, Diviertt S.L, remitió al Ayuntamiento de Madrid los datos del evento, concretamente a ‘Madrid Espacios y Congresos’, competente para dar el visto bueno.
En el apartado de seguridad se precisa que el Grupo Seguriber, va a encargarse de la «seguridad exterior y requisa», pero al menos en ese documento no se precisa el número de efectivos que se emplearán para ello, pese a que sí anticipa que a la fiesta acudirán «7.000 personas (aproximadamente)», una cifra que finalmente se vio superada en más de 2.500 personas.
Diviertt S.L incluye en el apartado de «Servicio de Orden» que la seguridad estará a cargo de Kontrol 34, S.L., con 75 operativos y precisa la palabra «(Interior)» de lo que se deduce que se refiere a la seguridad Interior del recinto. También cita al Grupo Seguriber al que le atribuye la «seguridad exterior y requisa».
No obstante, fuentes de la investigación precisan que esta empresa no es de seguridad y que esos 75 efectivos realizaban otras «labores auxiliares» (roperos, control de tickets, información para asistentes…).
De hecho en la inscripción de esta sociedad se establece que su objeto social es: «la organización y promoción de eventos musicales y promocionales; la gestión, administración, adquisición, promoción, construcción, enajenación, arrendamiento, rehabilitación y explotación en cualquier forma de solares, pisos, locales, terrenos…».
Por ello, y tras recalcar que esta sociedad se dedica a «labores auxiliares», las fuentes de la investigación consultadas por Europa Press, insisten en que el despliegue de seguridad se limitaba a los 38 vigilantes privados del Grupo Seguriber.
En esos mismos datos facilitados por Diviertt, S.L. al Ayuntamiento anuncian también que el servicio sanitario iba a correr a cargo de dos médicos y dos enfermeras además de dos ambulancias de transporte convencional, con dos técnicos de emergencias.
El juez decano de Madrid, José Luis González Armengol ha apuntado este viernes que los mecanismos de evacuación «tienen que estar previstos desde el inicio». Es por eso por lo que ha insistido en que el tema fundamental en el que se está centrando el caso es en la «falta de seguridad», con la presencia en la fiesta de «menores de edad y más gente de la permitida legalmente».
De este modo, Armengol ha recordado que la Policía Municipal «tiene las competencias ya que hay ordenanzas en materia de espectáculos públicos». «Estamos hablando de ilícitos administrativos por faltas muy graves. Todo ello ha propiciado una infracción legal. Ya hay diligencias por tres muertes y se verá si son intencionadas por incumplimiento grave en materia de seguridad o por imprudencia», ha apostillado.
A continuación, el juez decano de Madrid ha aseverado que se podrían desprender «responsabilidades civiles». «La primera de la empresa organizadora, y ya subsidiariamente de la Policía Municipal», ha añadido después de apuntar que existe la obligación de hacer las comprobaciones oportunas para ver si se cumplían las medidas de aforo. Es por eso que considera que podría haberse producido una «infracción muy grave en la Ley de Espectáculos».
El Colectivo Profesional de Policía Municipal (CPPM) ha denunciado el escaso número de agentes que, a su juicio, dispuso el Ayuntamiento de Madrid en el recinto del Madrid Arena la madrugada del pasado jueves.
El Colectivo Profesional de Policía Municipal (CPPM) ha denunciado el escaso número de agentes que, a su juicio, dispuso el Ayuntamiento de Madrid en el recinto del Madrid Arena la madrugada del pasado jueves con motivo de la celebración de la fiesta Halloween donde tres jóvenes perdieron la vida por una avalancha humana y ha defendido que la crisis económica no puede poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos.
Estrella Digital/EP