El Gobierno acelera al máximo la aprobación del plan de urgencia para evitar más desahucios. Los Ministerios de Presidencia y Economía han mantenido este viernes un contacto de urgencia tras conocerse que una nueva persona se ha suicidado en el mismo momento en el que iba a ser desahuciada. El suceso ha ocurrido en Barakaldo y la víctima en esta ocasión ha sido una mujer de 53 tres años, que ha perdido la vida tras tirarse al vacío desde un segundo piso cuando iban a sacarla de su casa. Este es el segundo dramático caso que se produce en menos de un mes.
Ante este hecho, el Gobierno ha agilizado en estas últimas horas una propuesta de urgencia para ampliar el periodo de carencia -plazos exentos de pago de hipoteca que permiten seguir viviendo en el hogar- y evitar así los desahucios de los colectivos más vulnerables, como es el caso de los núcleos familiares con menores o mayores a su cargo, en los que uno o los dos miembros se encuentren en situación de desempleo y no puedan hacer frente al pago de las cuotas hipotecarias.
Tal y como ha podido saber ESTRELLA DIGITAL, esta será la iniciativa que el Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy presentará este lunes a los socialistas y que será estudiada por el grupo de seis expertos -encabezado por el subsecretario de Economía, Miguel Temboury, e Inmaculada Rodríguez Piñeiro, portavoz socialista de Economía-, constituido esta semana por el Gobierno y el PSOE para analizar todas las propuestas y decidir cuáles son las más apropiadas. La intención, tal y como ya puso de manifiesto este jueves la portavoz gubernamental, Soraya Sáenz de Santamaría, es aprobar las medidas que se acuerden «lo antes posible» y que su aplicación sea «inmediata». Por este motivo, la número dos de Rajoy y la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, se han puesto este viernes en contacto con la voluntad de acelerar «al máximo» los trámites. Asimismo, y tal y como informa Europa Press, también han conversado durante esta frenética mañana la secretaria de Economía del PSOE y coordinadora de los tres expertos nombrados por los socialistas, Inmaculada Rodríguez-Piñero, y el subsecretario de Economía y Competitividad, Miguel Temboury, encargado por su parte de la coordinación de los expertos elegidos por el Gobierno para estudiar la citada reforma legal.