Carmen Omaña perdió su vivienda ubicada en el barrio de Los Gladiolos hace algunos meses y que aún debe enfrentarse al pago de la deuda pendiente con Bankia. Ahora mismo, vive con sus dos hijos gracias a un alquiler social que paga el Ayuntamiento. Esta situación le ha llevado a protestar con una huelga de hambre delande de la sucursal desde el pasado lunes.
Junto a la sede de la entidad bancaria en cuestión, situada en el casco de la capital tinerfeña, se ha formado un campamento de apoyo.
El concejal de la coalición Por Tenerife -de la que forma parte IU-José Manuel Corrales se ha sumado a la huelga de hambre junto a otras ocho personas. El edil ha dicho que su «obligación moral» es sumarse a la huelga de hambre ya que en toda España hay mucha gente «cabreada» contra la «política terrorífica de deshaucios de Bankia».
Corrales valora los intentos de PSOE y PP por modificar la legislación pero lamenta que lleguen «tarde» porque hay muchas familias «en la calle».
Por su parte, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha anunciado que retirará su saldo disponible en las cuentas de Bankia, unos 1,5 millones de euros, al no haber recibido respuesta por parte de la entidad en relación a la carta enviada como parte del protocolo antidesahucios que lleva a cabo la corporación.
La retirada de fondos se produce después de que el alcalde, José Manuel Bermúdez, enviara una carta a la entidad financiera para impedir el desahucio de Carmen Omaña y sus hijas.
No le llegó la información
El grupo parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados se ha dirigido al presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, para instarle a una solución rápida del desahucio de Carmen Omaña.
La carta la firma la diputada Ascensión de las Heras, que no entiende que no se haya dado «solución» al caso de una persona que «nunca» fue informada de las consecuencias del impago hipotecario derivado de circunstancias ajenas a su voluntad.
«Ni entendemos que se trate como una simple cuestión mercantil el pago de una deuda hipotecaria, en torno a la cual, pivota la materialización del derecho a la vivienda de la señora Omaña», señala en la misiva.
Asimismo, desde Izquierda Unida tampoco se entiende que un banco que ha recibido fondos públicos para afrontar las dificultades actuales no brinde una «colaboración equivalentea la que reclama de las instituciones».
«Nuestro grupo entiende que es factible, razonable y justa la exigencia de la señora Omaña cuando les reclama la condonación de la deuda actual y el regreso a su vivienda mediante el pago de un módico alquiler social. Le planteo la necesidad de satisfacer las exigencias de la afectada por el desahucio instado por Bancaja a la mayor brevedad posible», concluye.