Representantes del Gobierno y PSOE se reunirán este lunes para estudiar medidas que modifiquen la actual legislación sobre los desahucios y paralizar aquellos desalojos que puedan afectar a las familias más vulnerables.
La reunión se celebra con carácter urgente después de que este viernes Amaia Egaña, exedil socialista en Eibar (Guipúzcoa), se suicidara cuando iba a ser desalojada de su piso en Barakaldo.
Como consecuencia de este suicido, el debate sobre los desahucios se ha incrementado y desde diferentes ámbitos de la sociedad se ha pedido al Gobierno y a las entidades financieras que detengan los procesos de desalojo en marcha.
Los ministerios de Presidencia y Economía ya tuvieron este viernes un contacto «urgente e inmediato» para ultimar una propuesta de periodo de carencia para evitar desahucios entre los colectivos más vulnerables.
Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, también se pusieron en contacto con la voluntad de acelerar «al máximo» los trabajos destinados a frenar los desahucios
Tras estos contactos el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó que este mismo lunes se podrían anunciar nuevas medidas en relación a la política sobre los desahucios, como «la paralización temporal» de los que afectan a las familias más vulnerables.
Durante un mitin en Lleida, Rajoy apuntó la necesidad de que se revisen los umbrales de exclusión «para aplicar mejor el código de buenas prácticas», de forma que los colectivos con más dificultades económicas puedan renegociar la deuda y permanecer en la vivienda.
Por su parte, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, propuso el sábado que los desahucios se traten igual que las quiebras de las empresas mediante una reforma de la legislación hipotecaria que permita a las familias con dificultades acudir a procesos concursales negociados con los bancos para evitar la pérdida de su vivienda.
Rubalcaba explicó que dicho mecanismo sería obligatorio para los bancos con ayudas públicas, mientras que al resto de entidades les convendría acogerse a él y llegar a un acuerdo con los propietarios.
El subsecretario de Economía y Competitividad, Miguel Temboury, es el encargado de la coordinación de los expertos elegidos por el Gobierno para estudiar la reforma legal, mientras que la secretaria de Economía del PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero, coordina a los tres expertos nombrados por los socialistas para abordar el tema.