La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) no espera «nada» del acuerdo que el Gobierno de Mariano Rajoy y el principal partido de la oposición, el PSOE, tienen previsto concretar este martes para poner fin al drama social de los desahucios. «Expectativas nulas. Es un parche más», asegura a ESTRELLA DIGITAL Cristina Escribano, activista de la PAH Madrid, en referencia al nuevo Real Decreto Ley que el Ejecutivo aprobará este jueves por vía de urgencia en el Consejo de Ministros. Una nueva normativa que a estas horas, los dos interlocutores de la mesa de negociación, aún no ha pactado. O esa al menos es la versión oficial, advierte la PAH.
«Nosotros ya no nos creemos nada», insiste Escribano, según la cuál, ambos partidos -PP y PSOE- han tenido «tiempo suficiente» para pactar y no han querido hacerlo. «Hace 10 días que la Izquierda Plural presentó una buena propuesta en el Congreso de los Diputados, y el PP votó en contra y el PSOE se abstuvo», explica la activista, que asegura que lo «básico» ya lo tienen pactado y que si aún no lo han comunicado es por «pura estrategia política». «Nos quieren hacer creer que somos tontos», denuncia Cristina, que está convencida de que ambos partidos están intentando «salvar los armarios y no seguir perdiendo votos». Este es el motivo, a juicio de la PAH, por el que en esa mesa de negociación, encabezada por el subsecretario del Ministerio de Economía, Miguel Temboury, y la secretaria de Economía de los socialistas, Inmaculada Rodríguez-Piñero, no se han sentado más fuerzas políticas.
La PAH cree que el nuevo Real Decreto será un parche más
La última encuesta del CIS ha vuelto a demostrar la desconfianza de los españoles en la clase política -principalmente de los grandes partidos nacionales- y esto es -a ojos de Escribano- lo que realmente les preocupa. Ha hecho falta que dos personas se suicidaran, para que PP y PSOE se sentaran en una mesa a negociar. No obstante, desde la PAH insisten en que ellos llevan ya 4 años alertando de la situación, visibilizando la problemática y trabajando en las propuestas adecuadas para poner fin a la dramática realidad social de los desahucios. «Ahora es cuando a ellos les entran las prisas», advierte la activista, «pero ya no vale», concluye.
La moratoria sin retroactividad es «ilógica y aberrante»
Hasta el momento, las negociaciones entre el Gobierno y el PSOE se están llevando con absoluta discreción. Poca información concreta se sabe sobre la nueva normativa que se está ultimando, y lo que se conoce no convence a los afectados. La moratoria de dos años en las ejecuciones hipotecarias sin carácter retroactivo, en la que los socialistas y el Ejecutivo ‘popular’ están trabajando, es una solución «ilógica y aberrante» para la Plataforma. «¿Qué pasa con las más de 400.000 familias que ya están en el proceso?», se pregunta Escribano, que asegura que es una medida que no «servirá de nada», puesto que no afectará a las ejecuciones hipotecarias que ya están en curso y por lo tanto dejará fuera a centenares de miles de familias que ya están inmersas en el procedimiento.
Lo único que la PAH aceptaría es una moratoria con carácter retroactivo. Si no es así, desde la PAH advierten de que volveremos a estar ante una medida similar al «inservible» Código de Buenas Prácticas aprobado por Rajoy el pasado febrero. «Parece que lo único que quieren ahora es que pensemos que son buenos», advierte la activista Cristina Escribano, según la cual, la razón por la que aún no se ha anunciado nada es la huelga general de este miércoles. Según la colaboradora de la PAH, van a esperar a que pase el «chaparrón» de mañana, no enfadar más a los ciudadanos y ya el jueves plantear unas medidas que seguro son «insuficientes».
Los afectados no aceptarán una moratoria sin retroactividad
La única realidad hasta el momento es que más de 500 familias son desalojadas cada día en España por no poder hacer frente al pago del alquiler o las cuotas hipotecarias. Por ello, la PAH quiere ser clara y dejar constancia de que no aceptará «rebajas ni medias tintas electoralistas». «Lo queremos todo y lo queremos ahora. Nuestras demandas son claras, indivisibles e innegociables». Unas demandas que llegarán al Congreso de los Diputados de la mano de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que ya ha firmado más de medio millón de ciudadanos y que se resume en tres puntos principalmente.
– Paralización de «todos» los desahucios, y sin «excepción», de vivienda habitual cuando se trate de deudores de buena fe.
– Dación en pago retroactiva.
– Y reconversión del parque de viviendas que acumulan las entidades financieras en un parque público de alquiler social.