El Gobierno está obligado a «consultar» a la Comisión Europea y al Banco Central Europeo (BCE) antes de aprobar ningún cambio legislativo para paliar los desahucios, según han resaltado este miércoles fuentes comunitarias.
La consulta con Bruselas de cualquier reforma normativa que afecte al sector financiero es una de las condiciones para el rescate bancario de hasta 100.000 millones de euros aprobado por la UE y así se recoge en el memorándum de entendimiento firmado por España.
El Ejecutivo comunitario estima que los cambios en la ley hipotecaria que estudia el Gobierno afectan al sector financiero y por tanto están cubiertos por esta obligación de consulta previa.
Las autoridades españolas están en contacto permanente con los funcionarios de la UE sobre la reforma del sector bancario, pero a las fuentes consultadas no les consta que el Gobierno haya comunicado ya oficialmente a Bruselas ningún proyecto de reforma.
También el Fondo Monetario Internacional (FMI), que controla la puesta en práctica del rescate bancario, debe emitir su opinión sobre cualquier cambio legislativo.