Los socialistas se distancian de la hoja de ruta que pretende marcar el Gobierno sobre los procesos de desahucio. Después de varias reuniones en Moncloa entre miembros del Ejecutivo y dirigentes de la oposición y de intentos fallidos para lograr un pacto y solventar el drama de los desalojos, la número dos del PSOE, Elena Valenciano, ha anunciado que su partido encauzará sus propias alternativas y propuestas ante la falta de acuerdo con los ‘populares’.
Tras una reunión con cerca de cuarenta alcaldes y alcaldesas socialistas, Valenciano ha comparecido en rueda de prensa junto a los ediles Abel Caballero (Vigo) y Emiliano García Page (Toledo), para mostrar de forma contundente su rechazo al Decreto Ley presentado por el Gobierno el pasado jueves: “No queremos parches, queremos soluciones, exigimos que se paren todos los desahucios hasta que haya una nueva ley”.
“No queremos parches, queremos soluciones, exigimos que se paren todos los desahucios hasta que haya una nueva ley”
La voluntad del PSOE consiste en reformar de manera “profunda” la ley hipotecaria que tiene más de cincuenta años y representa una de las más abusivas y obsoletas de la Unión Europea. “Ante un problema generalizado que se ha extendido a la clase media, no queremos actos caritativos, estamos hablando de derechos”, ha subrayado la líder socialista, que considera que la iniciativa del Gobierno es insuficiente y no resuelve el problema. Las discrepancias entre Gobierno y oposición han obligado a los socialistas a tomar su propio camino y han decidido empezar por los municipios.
«Es imprescindible el pronunciamiento de los alcaldes»
Según el PSOE, los Ayuntamientos representan las instituciones “más próximas” al ciudadano por lo que viven el día a día de los problemas y las consecuencias sociales que provocan los desahucios. A pesar de que el marco de actuación en el ámbito municipal es limitado, los socialistas creen que es “imprescindible un pronunciamiento de los alcaldes”.
Las bases de la propuesta son claras: la paralización inmediata de los desahucios; la creación de oficinas municipales especiales para ofrecer asesoramiento legal a las personas que se encuentren inmersas en un proceso de lanzamiento; la reestructuración de la deuda con la entidad financiera y la dación en pago con posibilidad de alquiler social.
Para ello, Abel Caballero, alcalde de Vigo, ha anunciado una batería de medidas que podrían servir para evitar los desalojos y la exclusión de las familias, como por ejemplo “la reducción máxima de la cuota tributaria del impuesto de plusvalía para las personas afectadas, la retirada de depósitos de los bancos que realicen desahucios y favorecer la creación de parques públicos de alquiler social”.
Marina García-Rico