Las siete asociaciones de jueces y fiscales han amenazado con la convocatoria de una huelga en enero de 2013 si el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, sigue adelante con su reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que prevé, entre otros cambios, la práctica desaparición de los jueces sustitutos, una reducción de sus días de permiso y la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Así lo ha anunciado el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, tras una reunión urgente celebrada esta tarde en la sede de los juzgados de instrucción de Madrid en la que las siete asociaciones han anunciado la convocatoria el 11 de diciembre de un «acto público de defensa de la Administración de Justicia» y un paro de una hora para el día siguiente ante las sedes judiciales de todo el país.
Bosch, que ha leído un comunicado conjunto de la Comisión Interasociativa Permanente, que reúne a las siete asociaciones, ha confiado en ver «cómo evoluciona» lo que ha definido como «escalada en el conflicto» antes de convocar la huelga, que, según ha dicho, «no es un objetivo en sí mismo sino un instrumento para evitar una serie de medidas que son inasumibles».
«Si no hemos convocado todavía la huelga es para mantener la unidad de acción, no perjudicar a los ciudadanos y conseguir el consenso de todos los operadores judiciales», ha señalado José Luis González Armengol, juez decando de Madrid y portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. En esta línea, Bosch ha manifestado la intención de jueces y ficales de «actuar con responsabilidad». «Los jueces no podemos estar convocando huelgas todas las semanas ni salir a la calle todos los días», ha señalado.
Por su parte, el representante del Foro Judicial Independiente (FJI), Ángel Dolado, ha defendido la necesidad de convocar cinco jornadas de huelga en diciembre pero ha añadido que no lo ha hecho para mantener «la unidad de acción» del colectivo. Tras comparar la situación española con la que se vive en Egipto, ha dicho que con reformas como la de Gallardón, «los jueces podrían convertirse en una dirección general del Ministerio de Justicia».
Dan por «muerto» a Gallardón
La Comisión Interasociativa Permanente también ha anunciado su intención de dejar de considerar como «interlocutor válido» al ministro Ruiz-Gallardón, por lo que han solicitado una «reunión urgente» con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. «A Gallardón lo damos por muerto, no nos vale para hablar», ha llegado a señalar González Armengol.
En su comunicado las asociaciones también señalan que la Administración de Justicia atraviesa «una grave situación de falta de medios personales y materiales que empeorará con las medidas anunciadas», puesto que provocará «mayores dilaciones en la tramitación y resolución de los procedimientos». «La reforma pretendida del CGPJ supondrá una quiebra de la independencia judicial y afectará a la división de poderes», advierten.
Asimismo, apuntan que las tasas judiciales «limitarán el acceso de los ciudadanos a la administración de justicia». «Los jueces y fiscales no aceptamos la reducción de la carga de trabajo a costa de perjudicar los derechos fundamentales de los ciudadanos», señalan.
En relación con los desahucios, la Comisión Interasociativa confía en que en la tramitación parlamentaria del real decreto sobre ejecuciones hipotecarias se establezca «un procedimiento de acreditación de los requisitos para quedar amparados los afectados, ante la dispersión de criterios existentes en estos momentos». También reclaman la ampliación de la cobertura para «la protección de otros colectivos desfavorecidos por las ejecuciones hipotecarias».
La Comisión Interasociativa Permanente está formada por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia (JpD), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF), la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales.