El expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y los otros ocho detenidos en la ‘operación Crucero’, en la que se investiga el supuesto vaciamiento patrimonial del Grupo Marsans para evitar el pago a sus acreedores, pasarán mañana, miércoles, a disposición del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, informaron fuentes jurídicas.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, que instruye este procedimiento a partir de una denuncia presentada en febrero pasado por las mayoristas AC Hoteles, Meliá, Pullmantur y el grupo Orizonia, podría imputar a los detenidos los delitos de alzamiento de bienes, blanqueo de capitales e insolvencia punible.
En la operación también han sido detenidos el empresario Ángel de Cabo, que compró Marsans a través de la empresa Posibilitum; su colaborador Iván Losada Castell, consejero delegado de Nueva Rumasa; la secretaria de este último, Susana Mora; y Teodoro Garrido, cuñado de De Cabo. Además de realizar ocho registros en domicilios particulares y sedes sociales del entramado, el Cupero Nacional de Policía arrestó a Rafael Tormo, Antonio García, Carmelo José Estellez Giménez; y José Enrique Pardo Manrique, que habrían actuado como supuestos testaferros de De Cabo.
Paraísos fiscales
El juez investiga si Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual, que falleció en junio pasado, utilizaron las empresas de De Cabo para evadir el patrimonio de Marsans a paraísos fiscales y no pagar las deudas con los acreedores, que las mayoristas denunciantes cuantifican en 45 millones de euros.
Para investigar el rastro de las posibles transacciones financieras y determinar si los detenidos tienen activos inmobiliarios en el extranjero, el juez tiene previsto cursar comisiones rogatorias a Liechtenstein, Suiza, Irlanda, Chipre, Panamá y Colombia. De igual modo, se estudia si Díaz Ferrán y Pascual llevaron a cabo la cesión ficticia de bienes muebles a Posibilitum.
Los investigadores también creen que Díaz Ferrán trató de ocultar a través de una sociedad interpuesta la propiedad de dos pisos de lujo en Nueva York por los que pagó, respectivamente, 7,8 y 2,7 millones de dólares; un chalet en Calviá (Mallorca) y un yate de 27 metros de eslora llamado ‘Leuqar’ –Raquel al revés, nombre de la esposa de Díaz Ferrán, Raquel Santamaría–. El 5 de junio pasado el juez Velasco ordenó el bloqueo del yate, que estaba atracado en el puerto de Barcelona, para evitar un intento de traslado de la embarcación fuera del territorio de la Unión Europea (UE).
Además, Gonzalo Pascual, fallecido en junio pasado, habría donado antes de morir a sus cuatro hijos sus participaciones empresariales en tres empresas propietarias de varias fincas de caza en Toledo.
Los denunciantes acusaban a Díaz Ferrán y su socio de llevar a cabo «un deliberado, sistemático, doloso y perfectamente planificado proceso de alzamiento y ocultación apresurada de sus bienes personales con la finalidad de intentar eludir sus innumerables e importantísimas obligaciones de pago con respecto a sus acreedores».
En el domicilio del expresidente de la patronal la Policía encontró un kilo de oro y 150.000 euros en metálico. Según la cotización actual del oro, la cantidad de ese metal precioso estaría valorada en torno a los 60.000 euros. Además, los agentes intervenieron varios coches de alta gama.