España ha salido este lunes a la calle para protestar contra la decisión de no revalorizar de las pensiones conforme al IPC del pasado mes de noviembre. Al respecto, los sindicatos, UGT y CC.OO., han entregado una petición a la Defensora del Pueblo para que recurra, porque «debe» y «tiene», ante el Tribunal Constitucional (TC)el decreto de las pensiones.
La Cumbre Social se ha concentrado tanto en Madrid como en otras 55 ciudades españolas para denunciar «que tanto el Gobierno de España como los ejecutivos autonómicos continúan eliminando derechos sociales y colectivos y desmantelando prestaciones y servicios esenciales».
En Madrid, varios miles de ciudadanos han salido a la calle para protestar contra el recorte de las pensiones. Bajo el lema ‘Vamos a la calle contra el recorte de las pensiones’, muchos ciudadanos, en su mayoría jubilados, han manifestado su rechazo a este recorte del Gobierno.
Tras la marcha se ha leído un manifiesto. Las encargadas de ello, Purificación Sáez Figueroa, del Sindicato de Secretarios Judiciales (SiSej), y Amalia Camacho, de la Asamblea de Cooperación por la Paz, han detallado los motivos por los que la Cumbre Social «insiste en exigir la celebración de un referéndum», y ha adelantado que, para ello, iniciará una campaña de recogida de apoyos «en las próximas semanas».
El manifiesto critica que el Gobierno haya modificado los criterios de utilización del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, «arriesgando la futura viabilidad del sistema y lo ha hecho vulnerando el Pacto de Toledo».
«Todo esto, sumado a la implantación de copago para los pensionistas en el Sistema Nacional de Salud, supone un hachazo a las condiciones de vida de más de ocho millones de pensionistas y consecuencias muy negativas para el consumo, la actividad económica y el empleo» han dicho.
Además, las encargadas de leer el manifiesto han recordado que las pensiones «son el único ingreso de muchas familias, y este incumplimiento del Gobierno afecta de manera muy especial a las mujeres, cuyas pensiones son claramente inferiores».
Toxo y Méndez
El secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, ha asegurado que «España si algo necesita en materia de pensiones es estabilidad y seguridad en cumplimiento de los compromisos adquiridos y que no se someta a los vaivenes de la coyuntura política un elemento clave que determina la calidad de vida de millones de personas ahora, pensionistas actuales, y a futuro».
De su lado, su homólogo en UGT, Cándido Méndez, cree que el Gobierno está incurriendo «en un acto inconstitucional» en el marco de una política que «cada día empobrece más y no resuelve ninguno de los problemas de España». «Cuando el Gobierno se niega a revalorizar las pensiones, está incumpliendo un compromiso solemne por su parte y con una manera de hacer política absolutamente reprobable», ha agregado.
En Navarra, cientos de personas se han manifestado por las calles de Pamplona, convocadas por la Cumbre Social de Navarra. La marcha, que ha partido pasadas las 18.00 horas de la antigua estación de autobuses y ha finalizado en el Paseo de Sarasate. Éste se ha desarrollado bajo el lema ‘Navarra contra los recortes’.
En Valencia, alrededor de 200 personas se han manifestado por las principales calles del centro de Castellón. Algunos asistentes portaban pancartas en las que, además de protestar por las tasas judiciales y la no revalorización de las pensiones, reivindicaban servicios públicos de calidad o un convenio «digno» para el sector del azulejo.
Los sindicatos piden a la Defensora del Pueblo que recurra al TC
Por su parte, una delegación sindical ha presentado en la oficina del Defensor del Pueblo una petición para que recurra ante el TC el Real Decreto-ley sobre las pensiones. La delegación estaba encabezada por los secretarios de Política Social de CC.OO. y UGT, Carlos Bravo y Carmen López, respectivamente. Además, la delegación contaba también con los secretarios generales de las organizaciones de pensionistas y jubilados de ambos sindicatos, Julián Gutiérrez (CC.OO.) y Santiago Alejo (UGT).
Todos ellos han sido recibidos por Francisco Fernández Marugán, adjunto primero a la Defensora del Pueblo, así como por Concepción Ferrer i Casals, adjunta segunda, con quienes los responsables sindicales se han entrevistado brevemente a puerta cerrada.
La reclamación sindical de que sea recurrida ante el Constitucional la eliminación este año de la compensación a los pensionistas por la desviación del IPC se basa en la vulneración del artículo 9.3 de la Carta Magna, que protege y garantiza la irretroactividad de aquellas disposiciones que restringen derechos individuales.
Para Carlos Bravo, responsable de Seguridad Social de CC.OO., la no revalorización de las pensiones es una medida que merece «el máximo reproche social», pero, en esta ocasión, al afectar a un derecho ya acreditado, merece además un «reproche jurídico» ya que el Gobierno ha planteado este asunto «de manera incorrecta».
Por su parte, la responsable de Política Social de UGT, Carmen López, ha acusado al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, de «mentir día tras día» a los pensionistas diciendo que iba a cumplir con la Ley General de la Seguridad Social, que en su artículo 48 establece el derecho de los pensionistas a ser compensados por la desviación de precios tomando como referencia el IPC de noviembre.
«Le hemos manifestado al señor Marugán que la Defensora del Pueblo debe y tiene que poner un recuerdo, porque el Gobierno de Mariano Rajoy tiene que cumplir su palabra de que no tocaría la sanidad, la educación y las pensiones. Ésta es su última mentira», ha denunciado López.
Estrella Digital/EP