La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha recibido este lunes la propuesta alternativa de ahorro al Plan de Sostenibilidad de los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial (SATSE, CC.OO., CSIT-UP, UGT, AMYTS y USAE), además de CSIF, que ronda los 510 millones de ajuste, es decir, 23 millones menos que el ajuste de gasto que planea el departamento que dirige Javier Fernández-Lasquetty para 2013.
El grueso del documento propuesto por los sindicatos en el encuentro que han mantenido con la Dirección General de Recursos Humanos apunta a un ahorro del 18 por ciento en el presupuesto de Atención Primaria para reducir 126,4 millones de euros (que incluiría además la anulación de la externalización de 27 centros) y la retirada de los planes de externalización para ahorrar 136,2 millones de euros, al entender que el ratio de coste per cápita es inferior con una gestión pública respecto al cambio que había planteado el Gobierno regional.
Aparte de ello, se plantea una serie de propuestas para ahorrar 62 millones en la reducción del gasto medio por receta, 150 millones en ahorros previsto por la central de compras y otros 80 millones por la protocolarización de la regla 20/80 (conocida como ‘principio de parapeto’ para generar eficiencia en el servicio mediante aplicación de criterios profesionales.
Por otro lado, el documento de las organizaciones sindicales enfatiza en que estas iniciativas pretenden «salvaguardar» la sanidad pública y, en consecuencia, las medidas planteadas son una alternativa viable ante «los peligrosos» cambios que planteaba el Gobierno regional, sobre todo en el aspecto de la externalización de centros. Además, recuerdan que faltan por cuantificar varias medidas planeadas en la propuesta.
El documento también sostiene que se reclama por parte de la Consejería en 265 millones de euros, pero sostiene que la «premura de tiempo» y las «nulas facilidades» que ha dado la administración en este campo impide cuantificar cada una de las partidas concretas. Al respecto, señala que las jubilaciones y la aplicación de una tasa de reposición del 10 por ciento, asumiendo la «pérdida de 2.000 trabajadores», suponen 70 millones de euros.
Sanidad comprobará si son cifras reales
En este sentido, el director general de Recursos Humanos de la Consejería, Armando Resino, ha explicado a Europa Press que el documento de 15 páginas de los sindicatos requiere aclaraciones en los dos puntos fundamentales planteados, la reducción de Atención Primaria y el ahorro derivado de la no externalización de los centros sanitarios, porque están «cuantificadas pero no debidamente desarrolladas».
Al respecto, ha detallado que se les ha trasladado la necesidad de contar con documentación añadida porque se requiere conocer las «cifras reales» y el tiempo de aplicación de esas iniciativas dado para ver, desde una reflexión tranquila, si son de aplicación efectiva en un contexto de limitación presupuestaria.
«Hay que dar una respuesta con cifras reales», ha añadido Resino para indicar que el encuentro ha sido positivo y se ha constatado que existen algunas propuestas que coinciden con el Plan de Sostenibilidad, es decir, que no es un rechazo «total» a las medidas inicialmente propuestas por el Ejecutivo regional.
En este sentido, ha apuntado que en coinciden con los planes de la Consejería respecto a la eliminación de las «mal llamadas peonadas», la necesidad de hacer un estudio pormenorizado de plantilla, reducción de guardias con acuerdo a los responsables de servicio, nueva estructuración de los contratos de jornada no completa y la supresión de bolsas de ineficiencia.
En este sentido, ha incidido en que se ha abierto con la reunión de esta mañana un diálogo «constructivo» con las organizaciones sindicales y que van a mantener un diálogo fluido para tratar de aclarar las dudas generadas por el documento.
Por tanto, ha añadido que se abre ahora un proceso de reflexión «tranquilo» para evaluar estas alternativas y que la «puerta abierta al diálogo» va a seguir así con la intención de avanzar mediante el diálogo con estas organizaciones.
No obstante, ha agregado que aún no se han establecido plazos de remisión de documentación ni de la respuesta que ofrecerá la Consejería a esta propuesta para ver sus márgenes de aplicabilidad a lo largo del año que viene. «No podemos tomar decisiones presupuestarias con cifras que luego no van a ser reales».