El sistema de dependencia se desmorona y la última reforma de la ley aprobada por el Gobierno vaticina lo peor: su desaparición. Los recortes en las prestaciones y el aumento del copago hacen insostenible el sector, que sufre colapsos, retrasos en los pagos de las nóminas de los trabajadores y lo más importante, deja a los dependientes desatendidos.
El duro trance económico que vive nuestro país «bajo ningún concepto justifica el recorte en dependencia»
Francisco Jesús Gil, presidente de la Asociación Española de Padres con Niños con Nutrición Parenteral (AEPANNUPA), tuvo que abandonar su empleo para poder atender a su hija dependiente, que presenta un 66% de minusvalía. «En 2008, se le valoró como gran dependiente grado 3, con 90 puntos de dependencia. En 2011, cuando cambió el Gobierno, volvieron a reevaluar a la niña y pasó a ser considerada no dependiente», asegura.
Pero el drama familiar que sufre Gil no termina ahí: su cuñada, que padece una discapacidad psíquica y física, también vive con él. «Se le valoró como grado 2-nivel 2, también con prestación económica y yo como cuidador. Se le suprimió la prestación. Tengo a dos grandes dependientes en mi casa: una necesita una máquina para vivir y la otra tiene discapacidad física y psíquica y está en silla de ruedas«, denuncia.
El futuro de los dependientes se encuentra en un limbo desde el pasado mes de julio, cuando el Ejecutivo aprobó a través de decreto ley, una serie de medidas que cuestionan la conservación del sistema. El golpe es duro. Las prestaciones económicas a los cuidadores familiares se han reducido un 15%, es decir que la baja podría superar los 50 euros al mes. Además, pierden las cotizaciones a la Seguridad Social y se les exige cumplir con unos conocimientos básicos para atender al dependiente. También se simplifican los grados de reconocimiento de dependencia y el copago podría alcanzar hasta el 90% del pago en el servicio recibido. Estas son, a grandes rasgos, las medidas que inquietan a las asociaciones, a la patronal de los dependientes, a los sindicatos y que han generado un rechazo social absoluto.
José Alberto Echevarría, presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), explica a este diario que actualmente hay «un millón de personas que dependen de la ley, que nos necesitan para levantarse, para asearse, para comer, nos necesitan para realizar las actividades básicas de la vida diaria».
«Es un sector que genera oferta y demanda, más oferta que demanda»
Desde FED son incapaces de encontrar explicación a este hachazo que propone el Ejecutivo y consideran que el duro trance económico que vive nuestro país «bajo ningún concepto justifica el recorte en dependencia». Echevarría asegura que «está firmemente convencido de que puede ser un motor de la economía, porque es un sector que genera oferta y demanda, más oferta que demanda y se podrían crear 38.000 puestos de trabajo»
La ley de dependencia entró en vigor el 1 de enero de 2007 con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con la finalidad de reconocer por fin un derecho social, un sistema gratuito y universal que garantiza todos los servicios necesarios para las personas dependientes. Por eso desde UGT señalan que otro de los problemas que supone el severo recorte en la ley es el atraso social que podría generar. Ana Sánchez Cobo, responsable de Políticas Sociales del sindicato, explica a este diario que una de las consecuencias de la reforma de la ley es la regresión social: «Volvemos otra vez a lo que ha pasado toda la vida en este país y es que las mujeres se tienen que quedar en su casa sin poder desarrollar su vida laboral para atender a las personas dependientes que hay en el hogar».
Tanto FED como UGT coinciden en que el ataque que se produce es directamente a un derecho adquirido. Echevarría se lamenta y denuncia que la situación es «gravísima, tenemos un compromiso moral con estas personas, nos necesitan, son las personas más frágiles de la sociedad, estamos atendiendo a nuestros padres». Y ahí es donde UGT considera que está el problema. Sánchez Cobo cree que «los temas sociales siempre se han visto como problemas individualizados puesto que no existía una ley a nivel de estado que garantizara este derecho» y aclara que «para que la gente tenga interiorizado que es un derecho ciudadano, tiene que pasar mucho tiempo».
Por el momento se desconoce cuántas personas quedarán desatendidas con el endurecimiento de la ley. Según UGT, sólo en Madrid 20.000 personas dependientes ya padecen los recortes y más del 50% de las empresas y trabajadores del sector sufren «retrasos tremendos en el pago de sus nóminas». FED, convencido de que la conservación de la ley es posible, ha intentado contactar con el Gobierno central para demostrar «con cifras, estudios y números» que sí es posible, pero todavía no han recibido respuesta.