El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, ve «extraordinariamente difícil» presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional por la declaración de soberanía que ha aprobado hoy el Parlament catalán al tratarse de un «texto retórico», que no es jurídicamente vinculante y por tanto «sin consecuencias prácticas inmediatas». En rueda de prensa con su colega alemán Guido Westerwelle, Margallo ha precisado que esta declaración se plasmará en el futuro en «normas con consecuencias jurídicas» que, «ésas sí serían impugnables» al TC.
El ministro ha subrayado la división que ha habido en el Parlament a la hora de votar el texto, apoyado sólo por CiU, ERC e ICV-EUiA, lo que, bajo su punto de vista, refleja la «fractura interna» que una declaración de este tipo produce en Cataluña.
Y ha advertido de que el contenido de esa declaración, que reconoce que Cataluña es «sujeto político y jurídico» para decidir sobre su autodeterminación, es contrario al artículo 1 de la Constitución, que establece que la soberanía «reside en el pueblo español en su conjunto», un principio que constituye una tradición constitucional en todos los países del entorno europeo, salvo el Reino Unido, que no tiene una Carta Magna escrita.
García-Margallo ha advertido de que la UE nunca aceptaría una independencia unilateral de Cataluña, por lo que ha instado a los partidos promotores de la declaración que expliquen a los ciudadanos catalanes que quedarían automáticamente fuera de la UE si se independizaran.
Pero además ha señalado que el derecho internacional solo acepta que el derecho de autodeterminación de los pueblos prevalezca sobre el principio de integridad territorial de los Estados en tres supuestos: el de pueblos colonizados, ocupados militarmente o que tengan negados sus derechos democráticos básicos, «circunstancias que no se producen» en Cataluña.
Además ha alertado de que solo el abrir un periodo tal de incertidumbre favorecería la salida de las inversiones extranjeras del territorio. García-Margallo ha querido dejar claro que el Gobierno «no permitirá» un referéndum de independencia en Cataluña que no se ajuste a la legalidad.