El Gobierno considera que es hora de imponer nuevas sanciones y penas a los corruptos y dejar clara cuál es la labor de los cargos públicos. Con este objetivo, el Grupo de Trabajo para la regeneración democrática empezará a estudiar desde este miércoles un conjunto de reformas legales para mejorar la lucha contra la corrupción, según ha confirmado el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, preside esta tarde en el Palacio de la Moncloa la primera reunión de ese grupo de trabajo que conforman Ayllón y los subsecretarios de Presidencia, Interior, Justicia y Hacienda, así como el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC).
Durante una conferencia en el V Foro Iberoamericano de la Fundación Iberoamericana de Estudios Jurídicos, Ayllón ha asegurado que el Gobierno va a impulsar una Ley orgánica que controle la actividad financiera y económica de los partidos políticos y que garantice la «transparencia y control de sus cuentas». Esa norma, ha proseguido, asegurará la «explicación ante los ciudadanos de la situación contable» de los partidos, incluyendo sus presupuestos y la forma de contratar, con comparecencias ante el Parlamento de los gerentes o tesoreros de las formaciones políticas.
«Creo que puede ser una norma que va a ayudar mucho, una norma que producirá modificaciones tanto en la Ley Orgánica de Partidos Políticos como en la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos e incluso en la Ley del Tribunal de Cuentas», ha manifestado.
Más instrumentos para el Tribunal de Cuentas
Además, Ayllón ha afirmado que el Gobierno va a modificar la Ley del Tribunal de Cuentas «para darle más instrumentos de trabajo» mediante una «mejor integración» con otros organismos como la Agencia Tributaria o la Seguridad Social, que tienen «información pública sobre las cuentas de la administración para poder valorar y tener en todo momento claro cuál es la situación contable que se vive en los partidos» y «para que el Tribunal de Cuentas sea cada vez un arma más potente para la lucha contra la corrupción».
También ha avanzado que el Ejecutivo abordará una reforma de la Ley de Contratos del Sector Público para «fortalecer» el régimen de las prohibiciones de contratación con dicho sector «a todas las personas físicas y jurídicas que hayan sido condenadas por corrupción».
Otra de las nuevas normas en las que trabajará el Gobierno, ha explicado Ayllón, es una ley reguladora de las funciones políticas que constituirá un «verdadero estatuto del cargo público para que en España todos los ciudadanos sepan qué es lo que hace, qué es lo que recibe, qué es a lo que renuncia» un político en cualquier ámbito administrativo.
Según ha señalado, lo que se pretende es que la ciudadanía sepa «cuáles son las circunstancias de un político». «Quién tiene derecho y por qué a una pensión, si tiene derecho a ello, para que no haya sencillamente, por un lado un exceso de derechos para aquellos que se dedican a la cosa pública, pero también para que tampoco haya un exceso de dimes y diretes sobre cosas que no son verdad. Eso tiene que saberlo un político antes de decidir entrar en esta actividad que tiene carácter temporal, que tiene que ser vocacional y que la gente tiene que venir aquí a servir y no a servirse», ha argumentado.
Nuevos tipos penales
El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes ha adelantado que el Grupo de Trabajo también estudiará una reforma del Código Penal para «endurecer las sanciones que tiene que ver con la corrupción». En el caso de los comportamientos que ya están regulados se prevé la «incorporación de nuevas sanciones», pero también regular aquellos que ya tienen fijada una «pena específica» y, sobre todo, incluir «nuevas normas de inhabilitación» que alarguen dichos periodos y la «prescripción de esos delitos».
«Creemos que es fundamental para la persecución de la corrupción en España no sólo más castigo a los delitos existentes, no sólo la creación de nuevos tipos penales, sino también que las normas de prescripción sean más largas para que la persecución sea más efectiva», ha insistido Ayllón. Los dos nuevos tipos penales que se barajan son el enriquecimiento ilícito de los cargos públicos y la financiación ilegal de los partidos.
En línea con lo que anunció Mariano Rajoy en el Debate de la Nación, Ayllón ha recordado que el Gobierno hará un estudio sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal «para buscar fórmulas de tratamiento procesal» a los casos de corrupción, que «eviten la sensación que tienen muchos ciudadanos» e incluso los propios corruptos de que «el tiempo de persecución o de análisis de este tipo de comportamiento acaba siendo mucho mayor que el de cualquier otro delito en nuestro país».
«Si los delitos que tiene que ver con la corrupción preocupan a la sociedad, tenemos que buscar fórmulas no sólo para castigarlos de una manera diferente, sino para que su procedimiento penal sea mucho más ágil y mucho más efectivo. Queremos defender que el tiempo de respuesta ante el delito no sea en ningún caso ni una forma de impunidad para el delincuente ni una forma de condena sin condena para aquel que jamás ha hecho nada de lo que tiene que sentirse avergonzado», ha enfatizado.
Ayllón ha asegurado que se va a trabajar «intensamente» en las próximas semanas para que este tipo de medidas se incorporen al ordenamiento jurídico y ha hecho hincapié en que la regeneración democrática y el funcionamiento institucional es «competencia del Gobierno y de todos» los que se dedican a lo público, pero ha agregado que también son «muy bien recibidas todas las aportaciones de los ciudadanos», lo cual ha considerado «fundamental».
Ley de transparencia
Sobre la Ley de Transparencia impulsada por el Gobierno, que está ya en trámite parlamentario, ha destacado que es un «instrumento para que los políticos» se sientan «en todo momento presionados por los ciudadanos y no sólo el día que tienen que emitir un voto», para que acabar con la «sensación de que los ciudadanos sólo son informados durante la campaña electoral». «El mejor organismo de control que puede tener la política española es que haya 100 millones de ojos mirando en todo momento lo que hace un político en su país», ha subrayado.
De este modo, José Luis Ayllón ha celebrado que desde el Gobierno se ha «trabajado intensamente» en las medidas de regeneración democrática y ha añadido que, en su opinión, «ejemplo» de ello es la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, aunque ha reconocido el «error evidente» que ha cometido España al ser el último país europeo en tener una norma de este calado.
Finalmente, el diputado del PP ha detallado que esta norma obliga a publicar, sin que nadie lo solicite, información económica de cualquier administración, que regula el derecho a la información de los ciudadanos y que introduce un catálogo de acciones y omisiones para altos cargos públicos con un régimen de sanciones aparejado a dichas conductas.