Los sindicatos CC.OO. y UGT han acusado al Gobierno de incrementar la desprotección social y de vulnerar el Pacto de Toledo y el acuerdo social y económico de 2011 al aprobar en Consejo de Ministros una nueva reforma que afecta a la jubilación anticipada y parcial y al subsidio de desempleo de los mayores de 55 años. En un comunicado conjunto, los sindicatos denuncian que el Gobierno, en lugar de hacer valer las fortalezas del sistema de pensiones ante la UE, «vuelve a utilizar como excusa» la situación coyuntural que atraviesa el sistema de Seguridad Social «para imponer un nuevo recorte injusto, innecesario y excesivo».
A su parecer, es «innecesario» porque la reforma de la jubilación anticipada y parcial ya estaba prevista en otra ley con un «amplio acuerdo social y político»; es «injusto» porque se basa en gran medida en la traslación de una «idea falsa» de los jubilados anticipados; y es «excesivo» en un momento en que la crisis y las reformas han facilitado el despido y disminuido las redes de protección social.
Además, critican al Gobierno por no haber convocado la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Pensiones de 2011 para informar de sus pretensiones, al tiempo que advierten de ciertas diferencias entre las propuestas que se remitieron al Congreso en noviembre y los textos que se han ido filtrando a los distintos medios de comunicación.
En concreto, creen que genera una «especial preocupación» la información referida a la reforma del subsidio de mayores de 55 años, que es el principal recurso de protección social que tienen los trabajadores que han sido despedidos al final de su vida laboral y, en la mayoría de los casos, su única fuente de ingresos y cotización hasta la jubilación.
CC.OO. y UGT recuerdan que el verano pasado ya sufrió un «importante recorte» al elevar la edad de 52 a 55 años, reducir la base de cotización hasta la mínima y limitar la duración del subsidio hasta la primera fecha posible de jubilación, cuando antes podía utilizarse hasta la fecha de jubilación ordinaria.
Tras la reforma aprobada este viernes, además, se dejarán de tener en cuenta los ingresos sólo del trabajador para acceder al subsidio y pasarán a utilizarse los de su unidad familiar, lo que supone un «castigo adicional» para las familias solidarias que acogen a estos desempleados.
Asimismo, se cambia la regulación de la compatibilidad entre pensión y empleo, algo que no consideran «urgente ni necesario» en un momento en el que hay cerca de 2,5 millones de jóvenes sin empleo, con una tasa de actividad de las personas de más de 55 años débil y con más del 50% de los trabajadores mayores 55 años de edad expulsados del mercado laboral por motivos de desempleo o discapacidad.
En este sentido, advierten de un «claro riesgo» de planificación empresarial y «efecto sustitución» en el empleo si no se articulan garantías legales e inspectoras suficientes. «Es imprescindible evitar que, como consecuencia de la compatibilidad, los trabajadores en activo sean sustituidos por otros con menores costes de cotización», subrayan.