«Acataremos la sentencia». Así ha encabezado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, la primera de sus respuestas sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que este jueves ditaminaba que la ley hipotecaria española era contraria a la normativa europea por no garantizar a los ciudadanos una protección suficiente frente a cláusulas abusivas en las hipotecas. La Justicia europea ha reclamado cambios en la legislación española y el Gobierno de Mariano Rajoy ya se ha puesto manos a la obra. Según ha anunciado la portavoz gubernamental este viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ya hay constituido un grupo de trabajo encabezado por los Ministerios de Economía y de Justicia que se va a centrar en modificar dos aspectos concretamente: limitar los intereses de demora y el procedimiento de ejecución hipotecaria.
¿Cómo? a través de enmiendas en la nueva ley que actualmente se está discutiendo en el Congreso. Según ha explicado Santamaría, el Gobierno está en contacto permanente con el grupo parlamentario del PP para introducir estos cambios en la nueva normativa. En primer lugar, reducir los intereses de demora a tres veces el interés legal del dinero. «No se podrá pactar un interés de demora por encima de ese interés», ha sentenciado Santamaría, sin especificar aún cuál será. Y en segundo lugar, serán «necesarios» tres impagos para proceder a una ejecución hipotecaria. ¿Cuándo entrará en vigor? «La intención es que esté aprobado lo antes posibles», ha sido la respuesta de la vicepresidenta, que no ha descartado que si finalmente se alarga la tramitación en el Parlamento, el Ejecutivo acabe introduciendo las reformas mediante un decreto.
En ningún momento la portavoz gubernamental ha reconocido que el fallo judicial dictaminado en Europa haya sido un toque de atención a su forma de proceder en este asunto. Es más, ha reafirmado la labor del Ejecutivo en este sentido. Según Santamaría, el Ejecutivo ya tomó la medida de suspender los procedimientos de desalojo en los casos urgentes y ha culpado a la falta de acuerdo con la oposición, en este caso con los socialistas, que no se introdujeran en la reforma legislativa otras medidas más novedosas. Como por ejemplo, las que ahora ha pedido el Tribunal Europeo. «Es nuestra obligación analizar, evaluar y tomar las medidas que sean necesarias», ha considerado Santamaría, que ha insistido en que la sentencia de Luxemburgo no pone en cuestión la norma en vigor, sino algunos aspectos de la misma que han permitido a los bancos cometer abusos. «Se trata de reforzar de qué manera evitamos que se pacten hipotecas o cláusulas que sean abusivas», ha rematado.
Según Santamaría, los españoles «somos cumplidores» y ha querido volver a poner en valor el bajo porcentaje de impago de hipotecas que registra España: el 3%. «Los españoles cumplimos con nuestras deudas», ha insistido la vicepresidenta, que también ha reconocido que «se nos ha venido encima una crisis dura» y que el Ejecutivo trabaja para solucionar esa situación. «La gente que está en situación de necesidad es la que este Gobierno ha intentado proteger», ha rematado Santamaría, sin hacer mención alguna a la petición que este viernes han formulado al Gobierno los grupos de la oposición sobre la suspensión de la ley en vigor. Que se paralicen todos los procedimientos de ejecución hipotecaria, para que no se aplique una ley injusta. Así se ha expresado Leire Iglesias del PSOE, pero también Joan Coscubiela, de ICV (Izquierda Plural), Alfred Bosch (ERC), Rosa Díez (UPyD), Emilio Olabarria (PNV) y algunos representantes del Grupo Mixto.
La dación en pago, descartada
Por otra parte, una de las principales reclamaciones que lleva años haciendo la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la dación en pago, ha vuelto a ser descartada de manera categórica por el Ejecutivo. Ya lo hizo esta semana Rajoy durante su intervención en el Congreso de los Diputados. Y en términos muy similares se ha vuelto a expresar la portavoz gubernamental. «La dación en pago ya se contempla en nuestro ordenamiento jurídico pero no se utiliza porque encarece el tipo de interés que se paga y reduce el dinero que prestan las entidades financieras», ha recordado Santamaría, dejando constancia de que la fórmula no ha sido utilizada no porque la ley no lo permita sino porque en los contratos que el ciudadano firmaba con el banco no interesaba incluirla.