Este miércoles, el Gobierno español estaba de cuerpo presente en el Congreso de los Diputados, pero con los ojos y la cabeza en Estrasburgo, donde a estas horas se discute la ‘doctrina Parot’ en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Ejecutivo dice públicamente que «confía» en el TEDH avale dicha doctrina, aunque lo cierto es que la preocupación entre sus miembros es palpable. «Ha sido un instrumento enormemente útil en la lucha contra el terrorismo», ha dicho el presidente del Gobierno en los pasillos del Parlamento, donde ha reconocido que espera que el tribunal dé la razón al Ejecutivo español.
De esta misma manera se ha expresado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que confía en que la Gran Sala del tribunal europeo estime el recurso interpuesto por el Gobierno y entienda que el Tribunal Supremo y el Constitucional actuaron «no sólo conforme a la Constitución española, sino conforme a los tratados internacionales». Gallardón espera que la defensa de la posición de España sobre esta cuestión, «convenza» a los miembros de la Gran Sala porque, a su juicio, aceptar unas tesis «interpretativas» sobre el cumplimiento de las condenas distintas a las que ha hecho el Supremo y el Constitucional significaría «ir en contra de la jurisprudencia del propio tribunal europeo y una situación de injusticia objetiva para la sociedad española». «Una situación que supondría que personas que han cometido delitos gravísimos, que no han saldado en modo alguno su deuda con la sociedad fueran excarceladas», ha rematado el ministro de Justicia.
No obstante, aún no está claro que pasará después de que el tribunal emita sentencia. Según el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, lo que finalmente ocurra con el caso de la etarra Inés del Río no tiene por qué ser aplicable a todos aquellos presos en situación similar. «Se puede hacer ingeniería jurídica», ha declarado el ministro en una entrevista en Onda Cero cuando se le han preguntado si España podría eludir de alguna manera la aplicación de la sentencia. Según ha explicado, su «interpretación» y la de los servicios jurídicos del Gobierno es que «hay margen para eso».
Sin embargo, ha añadido que «son los tribunales españoles y, fundamentalmente, la Audiencia Nacional» los que deberán «interpretar y aplicar» la decisión que tome el Tribunal de Estrasburgo. «Como es lógico, el Gobierno estará a lo que digan las autoridades judiciales españolas competentes», que simplemente comunicarían al Ejecutivo «las órdenes correspondientes de puesta en libertad de un interno, ya sea un condenado por delitos terroristas o por delitos comunes», ha indicado.
En cuanto a las perspectivas de que el TEDH finalmente dé la razón a España, Fernández Díaz ha resaltado el hecho de que el recurso presentado por el Gobierno forma parte del 5% de los recursos de la primera instancia que la Gran Sala admite a trámite, de los cuales «la inmensa mayoría después son finalmente aceptados». Por lo tanto, «hay una razonable esperanza de que pueda ser aceptado», ha añadido. «Creo firmemente que tenemos fundadas razones jurídicas y de todo tipo para haber recurrido ese fallo» y para pensar que «nos pueden dar la razón», ha manifestado el ministro, que considera «ofensivo para España» que el tribunal diga que ha violado los Derechos Humanos en cuanto al cumplimiento de la condena de «una etarra juzgada y condenada por la comisión de 23 asesinatos», por cada uno de los cuales estaría «menos de un año» en prisión si no se aplicase la ‘Doctrina Parot’.