El Parlamento catalán debatirá en su próximo pleno si abre una comisión de investigación sobre la trama de espionaje en Cataluña, destapada a raíz de que trascendiera que un encuentro entre la líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, y una exnovia de Jordi Pujol i Ferrussola había sido grabado.
La petición de apertura de esta comisión –suscrita por PP y C’s– ha sido uno de los puntos del orden del día del próximo pleno que ha acordado la reunión de la Junta de Portavoces de este martes, y está por ver si la iniciativa recaba apoyos suficientes para prosperar.
Cuando el PP impulsó la comisión, el portavoz de CiU en el Parlamento catalán, Jordi Turull, afirmó que la federación «no será un problema» para su creación, aunque precisó que antes de posicionarse definitivamente querían conocer el alcance de la misma, y preguntó si el PP estaba dispuesto a que compareciese el ministro del Interior, Jorge Fernández.
Tampoco ERC garantizó entonces su apoyo a la propuesta, ya que, en palabras de su secretaria general, Marta Rovira, los republicanos solo la secundarán «si consideran que es la mejor forma de afrontar el caso».
Si prosperase, la de espionaje sería la tercera comisión de investigación en marcha en el Parlamento autonómico en esta legislatura, después de que se reabriesen las de la gestión de la sanidad catalana, y la gestión de las entidades financieras.
Debate
El próximo pleno –que empezará el miércoles 10 de abril– votará también la creación de una comisión de estudio sobre el ‘fracking’, una propuesta impulsada por ERC, PSC, ICV-EUiA y C’s para analizar la extracción de hidrocarburos mediante la fractura hidráulica.
El Gobierno de la Generalitat ya impulsó en febrero su propia investigación sobre el ‘fracking’ a través de un grupo de expertos que, coordinados por la Consejería de Empresa y Empleo, analizarán los «riesgos y oportunidades» de esta técnica.
Además de la comisión de estudio, el Parlamento catalán debatirá también una proposición de ley de ICV-EUiA para prohibir el ‘fracking’, una iniciativa que los ecosocialistas han llevado también al Congreso.
También se votará una proposición de ley del PSC para acortar los plazos que una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) puede esperar hasta que el pleno la debate una vez ha recogido las 50.000 firmas suficientes para ser admitida a trámite.