El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha garantizado este miércoles ante el Pleno del Parlamento, durante su comparecencia a petición propia sobre el caso de irregularidades en expedientes de regulación de empleo (ERE), que el Gobierno andaluz es «honrado» y ha expresado su indignación y disculpas por el «daño» que ha provocado este asunto. Griñán ha indicado que mientras el Gobierno andaluz ha denunciado y ha colaborado con la justicia para llegar al fondo y para que lo más rápidamente posible se castigue a los culpables y se recupere el dinero defraudado, existen numerosas evidencias de que el PP-A sólo tiene un «interés espurio que busca sacar un beneficio partidista» de este caso, sin «que realmente esté colaborando en investigar a fondo el mismo».
Ha señalado que todos los escritos que el PP-A ha presentado en el juzgado que instruye el caso «buscan más implicar a los diversos responsables políticos, obsesivamente a mí, que descubrir a los verdaderos autores del fraude».
Griñán ha manifestado que es su deber y su derecho democrático comparecer, «comprometido con la verdad y con el control parlamentario» y ha indicado que nadie puede decir, sin mentir, que su Gobierno haya dado la espalda a la cuestión; que haya obstaculizado el conocimiento de la verdad, o que haya amparado a personas o cargos públicos que hayan actuado de forma ilícita.
Asimismo, ha señalado que ha pedido comparecer para defender tanto el prestigio de las instituciones andaluzas y de inmensa mayoría de sus representantes públicos como la honorabilidad del PSOE y de sus militantes, «que contemplan con estupor e indignación el cobarde intento de asociar el comportamiento desleal y presuntamente delictivo de algunos militantes con la militancia en general o con la financiación» de este partido, que ha pedido y vuelve a pedir, según ha apuntado, que la Cámara de Cuentas fiscalice la contabilidad de todas las formaciones políticas y no solo de sus campañas.
Asimismo, el presidente ha expresado en su comparecencia que es totalmente «contrario a judicializar la política», pero que lo es mucho más a «politizar la justicia», algo que, según ha indicado, parece que está ocurriendo en los últimos tiempos.
«El Gobierno de Andalucía es honrado»
Ha manifestado que ha comparecido porque cree en la verdad y ha indicado que puede decir «sin bajar la mirada que el Gobierno de Andalucía es un Gobierno honrado, que ha actuado con contundencia en el orden político, administrativo y judicial y que no va a descansar hasta recuperar lo defraudado». «El fraude que se ha podido perpetrar es de una enorme gravedad y no admite paliativos, pero a partir de él, lo que se puede hacer es reconocer errores, tratar de reparar el daño, y mejorar día a día los procedimientos», según Griñán.
Ha agregado que el hecho de que la oposición trate de obtener réditos políticos no es censurable, pero sí lo es que se haga «faltando a la verdad, mintiendo, con medias verdades o tratando de implicar las más altas instancias del Gobierno sin fundamento alguno».
Griñán ha indicado que no conoce a la inmensa mayoría de los imputados en el caso de los ERE, pero que incluso en los casos que le son conocidos o ha podido mantener una cordial relación política no ha hecho distinción alguna, sino que «en todos los casos», su Gobierno ha actuado con firmeza, con objetividad y sin atender a otro criterio que no fuera el conocimiento de la verdad y la exigencias de responsabilidades, sin «pagarles indemnizaciones millonarias».
El presidente ha advertido, desde la indignación que le produce este caso, que «por mucha tinta que se vierta o por muchas falsedades y mentiras que traten de arrojar» sobre su persona, sobre su Gobierno o sobre el PSOE, «no van a conseguir manchar ni detener unas trayectorias tan limpias y decentes de muchos años».
Griñán ha querido dejar claro además su compromiso con la transparencia y con la necesidad de combatir la corrupción, que «nunca es justificable, sino que merece la condena más rotunda, esté donde esté y afecte a quien afecte». A su juicio, lo peor que se puede hacer es convertir la lucha contra la corrupción en «una arma política» para obtener réditos partidistas o electorales.
Ha señalado que la transparencia, la rendición de cuentas y la responsabilidad para combatir la corrupción han sido las actitudes de su Gobierno desde el mismo momento en que se denunció a la justicia las irregularidades conocidas. Según Griñán, «mal que le pese al PP, fue el Gobierno andaluz quien tomó siempre la iniciativa» al denunciar, investigar y colaborar con la justicia.
En este punto, ha recordado que la actuación judicial se inició en febrero de 2009, cuando la Junta presentó denuncia y entregó a la fiscalía una grabación realizada por dos empresarios a directivos de Mercasevilla en la que podía advertirse un presunto delito de estafa.
Ha sentenciado que la colaboración del Gobierno andaluz con la justicia en este proceso es clara y manifiesta desde la denuncia inicial. Ha indicado, no obstante, que dicha colaboración «no implica que hayamos de mantener siempre una absoluta conformidad con todas las actuaciones judiciales».
Griñán ha querido dejar claro que seguir el rastro del dinero defraudado es el mejor camino para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Así, su Gobierno está actuando para tratar de recuperar los fondos que se hayan podido malversar.
No hay fondos de reptiles
Para el presidente, en el transcurso de la investigación de los acontecimientos, «hay algo que ya parece meridianamente claro, como es que no cabe hablar de un fondo de reptiles, sino de desaprensivos que malversaron dinero de un fondo completamente legal tanto en su formulación como en su desarrollo presupuestario».
«No eran ayudas ilegales, no era un fondo ilegal ni un fraude que afectaba a todo un programa presupuestario, sino una mala utilización que ha afectado de forma muy grave e injustificable a una parte de los recursos públicos destinados a paliar las consecuencias de la crisis», ha sentenciado Griñán, quien ha querido dejar claro que el programa de ayudas sociolaborales ha sido eficaz y socialmente útil.
De hecho, ha recordado que el presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, en su etapa como delegado del Gobierno en Andalucía fue «participante directo» en lo que respecta a la crisis en la Faja Pirítica de Huelva y le ha preguntado si considera «que la actuación de las administraciones en el ese caso fue una inducción al fraude para generar cuantiosas comisiones».
Para Griñán, es absurdo pensar que el sistema de ayudas establecido fue creado para generar comisiones y beneficios particulares, cuando realmente fue creado para atender situaciones de trabajadores que perdían su empleo por situaciones de crisis.
En cuanto a la comisión de investigación sobre el caso que se creó en el Parlamento, Griñán ha señalado que tuvo un «mal desenlace y fue un fracaso en lo que se refiere a la obtención de conclusiones, algo de lo que todos nos podemos sentir responsables». Para Griñán, es muy «difícil culminar con éxito una comisión de investigación cuando simultáneamente se están depurando responsabilidades penales en los juzgados».
En dicha comisión, se puso de manifiesto, según Griñán, que los fondos incluidos en la partida 31L eran aprobados por ley, con objetivos señalados también en la ley; sus modificaciones se hicieron conforme a la ley, y con todos los informes y documentación preceptiva; la Intervención General de la Junta manifestó discrepancias sobre el procedimiento seguido por Empleo, sin advertir fraude ni menoscabo de fondos públicos, y el destino de los recursos se planteó siempre para atender necesidades vinculadas con graves problemas de crisis empresarial.
Estrella Digital/EP