Los socialistas madrileños han denunciado el «atropello democrático constante» a la labor de la oposición en la Asamblea de Madrid, impidiendo cualquier exigencia de explicaciones a Ignacio González en asuntos tan «escandalosos» como es el uso de los servicios jurídicos de la Comunidad, pagados con dinero público, para atender un asunto personal del presidente regional: la supresión de un anuncio sobre su ático en el portal inmobiliario idealista.com. Una cuestión «muy grave» porque la imposición de estos vetos supone alterar «la forma de interpretar la democracia por aquel que gobierna» y porque en el caso del uso de la Abogacía General de la Comunidad para asuntos privados del dirigente regional el brazo ejecutor es Salvador Victoria, de cuya consejería depende este servicio.
Así lo han puesto de manifiesto en rueda de prensa la presidencia del Grupo Parlamentario Socialista, Amparo Valcarce, y el portavoz adjunto de la formación, José Quintana, quienes han denunciado que nuevamente se ha impedido el ejercicio de la labor de oposición y se ha vetado, pese a formularse conforme a reglamento, la inclusión en el orden del día de una pregunta relativa al uso de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid, pagados con dinero público, para atender un asunto personal de Ignacio González: la supresión de un anuncio del ático del presidente regional en el portal inmobiliario idealista.com
La misma pregunta ya fue vetada por el PP en el pasado pleno del 21 de marzo, de modo que los socialistas, con el Reglamento de la Asamblea en la mano – apelando al Artículo 106.3. en que se señala que El orden del día del Pleno podrá ser alterado por acuerdo de éste, a propuesta del Presidente o a petición de un Grupo Parlamentario o de una quinta parte de sus miembros– reclamaron su inclusión en la siguiente sesión plenaria. Sin embargo, esta cuestión ha sido vetada otra vez «y se pretende obviar este artículo aprobando un informe jurídico de la Secretaría General de la Asamblea al servicio del PP. Es decir, se está produciendo atropello democrático por parte del presidente y se hacen informes ad hoc para sortear el reglamento, lo que jurídicamente es inaceptable», para impedir cualquier petición de explicaciones a Ignacio González o a su consejero de Presidencia, Salvador Victoria, denunciaba José Quintana, para quien esta situación es de absoluta gravedad porque «se cercena la democracia» y porque «altera la forma de interpretar la democracia por aquel que gobierna… Y esto ya no pasa ni en Guinea Ecuatorial».
Tal y como subrayaba la presidenta del grupo parlamentario socialista en la Asamblea, Amparo Valcarce, la interpelación acerca del uso de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid para asuntos personales del presidente regional es del máximo interés para la opinión pública madrileña por cuando supone «una auténtica indecencia política», ya que los servicios jurídicos de la Comunidad dependen del consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria. «Y es Salvador Victoria el que, para tapar los asuntos de Ignacio González, da las órdenes a la Abogacía General».
Valcarce ha tachado de «inmoral e ilegal» la acción promovida por Victoria, máxime cuando el juzgado de primera instancia nº 55 (en junio de 2012) y luego la Audiencia Provincial en su sección duodécima ya advirtieron a presidente regional que no podía utilizar los abogados de la Comunidad para sus asuntos personales, tras haber recurrido a estos servicios para querellarse contra los periodistas de un diario nacional. «Y lo han vuelto hacer», ha enfatizado Valcarce para apostillar a continuación: «Y esto no lo consentimos ni a Ignacio González ni a su brazo ejecutor, que es Salvador Victoria, como consejero de Presidencia y Justicia».
Reprobación de Salvador Victoria en el Parlamento regional
Un consejero el de Presidencia, añadía la parlamentaria socialista, señalado en medios nacionales como mediador de la trama Gürtel (sobre lo que tampoco se ha permitido preguntas de la oposición), en constante enfrentamiento con movimientos sociales y colectivos ciudadanos de la Comunidad… Motivo por el cual los socialistas defenderán una Proposición No de Ley (PNL) exigiendo la reprobación, por parte de la Cámara, de Victoria, así como su dimisión o cese inmediato.
Reprobación, señala el texto de la PNL, por cosas tan graves como que Salvador Victoria afirmara en la red social Twitter: «Prefiero una democracia imperfecta que someterme al régimen que defienden algunos grupos que quieren tomar las calles y deslegitimar las urnas», ignorando que «sólo hay una Democracia, que es la que reconoce y respeta los derechos y las libertades públicas, como bien saben los españoles, tras sufrir 40 años de Dictadura franquista». O por criminalizar y tachar de golpistas a movimientos sociales como la Marea Verde o la Plataforma anti desahucios, a las organizaciones sindicales y, en definitiva, a cualquier ciudadano que lícitamente participa en las protestas contra el expolio que se está perpetrando en la Sanidad pública madrileña o contra los recortes en la Educación.
«Para el PP los ciudadanos tienen que votar cada cuatro años y callar cada cuatro años», lamentaba Valcarce, quien ha subrayado que la participación ciudadana incluye manifestarse y las críticas al gobierno. Por eso, «no vamos a consentir esta actitud» y «lo que pedimos es que el presidente de la Asamblea no actúe de parte», finalizaba.