El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach ha señalado que no pedirá la retirada del pasaporte del Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, al considerar que no hay riesgo de fuga.
Horrach ha respondido así a los medios de comunicación, minutos antes de reiniciarse el juicio del caso Scala en Palma de Mallorca, tras ser preguntado sobre si pedirá al juez que instruye el caso Nóos, José Castro, que retire el pasaporte de Urdangarin, después de que su abogado, Mario Pascual Vives, haya afirmado que el yerno del Rey podría ir a trabajar a la selección de balonmano de Qatar.
Por su parte, el juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, ha indicado este lunes, en declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press, que el marido de la Infanta Cristina tendría que comunicar al juez instructor del ‘caso Nóos’, José Castro, su intención de salir de España y recibir su autorización para poder viajar al extranjero.
Permiso del juez
El juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, ha indicado este lunes que el marido de la Infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, tendría que comunicar al juez instructor del ‘caso Nóos’, José Castro, su intención de salir de España y recibir su autorización para poder viajar al extranjero. En declaraciones a Antena 3, González Armengol ha explicado que, «se le haya retirado o no se le haya retirado el pasaporte», Urdangarin está imputado y, por lo tanto, «las autorizaciones pertinentes tienen que pasar por el juez instructor, al menos comunicarse o informarle».
«El juez tiene que tener conocimiento cabal de dónde va para garantizar (…) su presencia en el hipotético juicio que pueda realizarse o en todas las actuaciones judiciales que él tenga a menester convocarle», ha añadido. Según varios medios, el marido de la Infanta ha recibido una oferta para ser el segundo entrenador de la selección de balonmano de Qatar.
La decisión sobre el recurso, dentro de un mes
En cuanto a la Infanta, ha señalado que hay que esperar para saber si finalmente tiene la condición formal de imputada, puesto que el auto con el que José Castro la imputó ha sido recurrido por la Fiscalía. En su opinión, la Audiencia Provincial de Baleares dará a conocer su decisión al respecto dentro de un mes, aproximadamente.
«En el supuesto hipotético de que se confirmara el auto de imputación, cualquier traslado que se venga a producir fuera del territorio nacional tiene que ser objeto de conocimiento por parte del juez instructor para dar la preceptiva autorización», ha añadido. González Armengol ha señalado que, en el caso de que Urdangarin no pudiese hacer frente al pago de la fianza que se le impuso (8,4 millones a partes iguales con su exsocio Diego Torres), su posible sueldo como entrenador quedaría embargado «automáticamente».
«Se hace un requerimiento de embargo y, en caso de no pagar voluntariamente, hay que hacer una relación de los bienes correspondientes para proceder automáticamente al embargo», ha precisado, antes de aclarar que eso solo se refiere al ámbito de las responsabilidades civiles.
El caso requiere decisiones «bastante meditadas»
Por otro lado, el juez decano de Madrid ha incidido en el «enorme calado» que tiene el ‘caso Nóos’, que «afecta a una institución fundamental del Estado» como es la Casa Real. Las decisiones que toman los jueces siempre deben ser «de conformidad a derecho», pero en este caso deben ser también, a su entender, «bastante meditadas» dada la «trascendencia» del caso.
«Lo único que tiene que hacer el juez es actuar de conformidad a los datos y hechos incorporados dentro del sumario», de manera que «si no hay aportación de datos incriminatorios sustancialmente diferentes de lo que había anteriormente, no es adecuado el cambio de situación procesal de una persona», mientras que «si se han revelado o aportado nuevos datos incriminatorios, está en su perfecto derecho de hacer las citaciones correspondientes», ha detallado.
González Armengol también se ha referido al documento en el que antiguos trabajadores del Instituto Nóos desmienten que la Infanta permitiera a la organización que presidía su marido facturar 178.000 euros a Telefónica. Según el magistrado, la Audiencia Provincial de Baleares no va a tener en cuenta dicho documento a la hora de valorar el recurso presentado por la Fiscalía contra la imputación de doña Cristina, ya que se ha dado a conocer posteriormente.
Posteriormente, cuando las partes interesadas lo consideren conveniente, se podrá pedir que ese documento se incorpore al procedimiento y «surtirá el efecto procesal correspondiente», ha agregado.