Desde hace algunas semanas, el escrache ha sido unas de las prácticas más temidas por los políticos españoles. El «acoso» sufrido por algunos diputados del Partido Popular e incluso por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha devuelto a la primera línea de la máxima actualidad el debate sobre los excesos de la actual Ley Hipotecaria. Las reivindicaciones por parte de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) a este respecto son claras: Paralización de «todos» los desahucios, y sin «excepción», de vivienda habitual cuando se trate de deudores de buena fe. Reconversión del parque de viviendas que acumulan las entidades financieras en un parque público de alquiler social. Y la famosa dación en pago. Hasta el momento, el punto más controvertido en las negociaciones entre Gobierno, afectados y otras fuerzas políticas.
Hace casi dos meses, el Partido Popular modificó su sentido de voto en el Parlamento y permitió que la dación en pago comenzara su andadura en el Congreso después de que se diera luz verde a la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular presentada por los afectados. En aquel momento, la noticia fue celebrada con entusiasmo. Hoy, este sentimiento es cada vez más comedido. Cada vez es más evidente que la dación en pago no se aceptará en los términos planteados por la PAH. Así por lo menos lo han dejado entrever este martes el ministro de Economía, Luis de Guindos, y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Ambos partidarios de que la actual Ley Hipotecaria -que data de 1909- siga en vigor. «Es la adecuada», ha dicho el titular económico en un desayuno informativo en Madrid, según el cual, esta normativa es la necesaria para permitir que los españoles sigan teniendo acceso a créditos para comprar viviendas. «Tenemos que acertar en el equilibrio para no establecer medidas que impidan que se vuelvan a conceder créditos hipotecarios y que todos aquellos ciudadanos que quieran tener una vivienda en propiedad no puedan», ha dicho también Gallardón en una entrevista concedida a la Cadena Ser.
Tal y como ha advertido De Guindos, la última sentencia del Tribunal de Justicia de la UE -que tachó de injusta la normativa vigente por la poca protección que ofrece a los hipotecados según la normativa comunitaria- «no es una enmienda a la totalidad». Hasta el momento, lo que el Gobierno ha propuesto es corregir los excesos y abusos que se apuntaban en dicha resolución: reducir los intereses de demora a tres veces el interés legal del dinero. Y además se establece que serán «necesarios» tres impagos para proceder a una ejecución hipotecaria. Por lo demás, todo continuará como hasta la fecha, puesto que según De Guindos, «el sistema funciona en términos generales». «Gracias a esta ley se ha facilitado el acceso a la vivienda. Actuamos dónde creemos que se tiene que actuar», ha rematado.
Tanto el ministro de Economía como el de Justicia han coincidido en que los desahucios constituyen uno de nuestros principales dramas nacionales, pero ambos han insistido en que ya se «han tomado medidas importantes para aliviar esta situación». En este sentido, De Guindos ha recordado una a una las iniciativas aprobadas por el Ejecutivo para solucionar este problema y ha vuelto a recordar que la mora en nuestro país no supera «más del 4%». La modificación de la normativa vigente es una de las principales reclamaciones de la oposición parlamentaria, pero el Gobierno ya ha demostrado en más de una ocasión no estar dispuesto. En las últimas intervenciones en las que ha sido preguntado por esta cuestión al presidente del Gobierno ha redundado en la misma idea esgrimida este martes por sus ministros: si se modifica más la Ley Hipotecaria es probable que se acabe con el sistema hipotecario que actualmente permite que muchos españoles puedan tener una vivienda en propiedad.
Gallardón, sobre los escrache: «La violencia no es la solución»
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca, por su parte, no cree en esta argumentación y por eso ha puesto en práctica una iniciativa que ya ha producido el rechazo de todo el Ejecutivo de lleno. El último en hablar a este respecto ha sido el ministro de Justicia que lo ha tildado de «especial gravedad». En este sentido, Gallardón ha asegurado ser consciente de que se trata de una cuestión -los desahucios- «extremadamente sensible», pero ha insistido en numerosas ocasiones en que «la violencia» tampoco es la solución para resolver este problema.