La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estudiará este lunes en una vista pública el proceso de extradición a Suiza del informático ítalo-francés Hervé Falciani, acusado de haber sustraído datos del HSBC Private Bank con los que habrían sido identificados 130.000 evasores fiscales.
En la sesión, que se celebra a partir de las 10.00 horas en la sede que el tribunal tiene en San Fernando de Henares (Madrid), participan el fiscal francés Eric de Montgolfier, que destapó la denominada ‘lista Falciani’ sobre evasores fiscales; el ex secretario de Estado de Hacienda Carlos Ocaña y el ex director general de la Agencia Tributaria Luis Pedroche.
De igual modo, el tribunal ha pedido a las autoridades judiciales francesas, a través de su magistrada de enlace, que la Fiscalía de París certificara si Falciani colaboró con este organismo aportando «información relevante» y contribuyendo al «descubrimiento e investigación de delitos graves bajo su competencia». Ésa es la tesis de la fiscal Dolores Delgado, que defendía en un escrito que presentó el pasado 31 de enero, que el reclamado estaba desarrollando una «activa cooperación» en diferentes procedimientos contra el fraude, «tanto en el pasado como en la actualidad».
Información privilegiada
Aunque no se pronunciaba explícitamente por la posición que adoptará en la vista de extradición, la fiscal señalaba en su informe que «la única divulgación efectiva» que el reclamado hizo de la información que sustrajo es la que transmitió «a las autoridades de la inteligencia financiera, administraciones tributarias de diferentes Estados y a las autoridades judiciales y fiscales que inician procedimientos a partir de las mismas».
Falciani está reclamado por Suiza por los delitos contra el servicio de inteligencia económica, sustracción de información, violación del secreto comercial y violación del secreto bancario, todos ellos recogidos en el Código Penal del país helvético. Sin embargo, su información permitió la apertura de procedimientos administrativos y penales en Francia, Italia y España por delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y corrupción.
La representante del Ministerio Público también destacaba en su informe que la «primera intención» del reclamado era «la de comerciar con tales datos y obtener un lucro económico con ello», si bien «no existen en el relato datos que permitan determinar acción alguna más allá de esa inicial intención».
También apuntaba que, del relato realizado por las autoridades suizas, se deduce que Falciani «accedió a la información no accesible al público en general, la copió y la procesó al objeto de concluir perfiles de los clientes de la entidad financiera determinando el conocimiento de datos más precisos de los que el propio HSBC disponía». El tribunal, que está integrado por los magistrados Ángel Hurtado (presidente), Julio de Diego y José Ricardo de Prada, ha pedido al juez Pablo Ruz una copia de las comisiones rogatorias internacionales que ha cursado en el marco del ‘caso Gürtel’ para consultarla «a efectos de documentación».
El informático, que trabajaba en la sede del HSBC Private Bank de Ginebra, accedió a datos personales y financieros de los clientes de la entidad relativos a operaciones que habían realizado entre febrero de 1997 y diciembre de 2007. Tras obtener los perfiles de los clientes, transmitió a un agente del fisco francés una lista de siete clientes de esta nacionalidad. Entre 2008 y 2010 ofreció esta información a servicios gubernamentales de Francia, Alemania y Gran Bretaña.
Según un informe de las autoridades suizas de noviembre de 2012, el reclamado sustrajo datos y trató de difundirlos «en beneficio propio, sin evidenciar o informar sobre eventuales sospechas de la comisión de delitos de corrupción o blanqueo de capitales». Una vez descubierto por la Fiscalía de Suiza, trató de «justificar su comportamiento por medio de una denuncia general y abstracta del sistema bancario suizo».
Detenido en julio en Barcelona
«En la investigación no se ha encontrado rastro de señalamiento o advertencia alguna sobre procesos dudosos que él habría comprobado en el seno de su empresa, ni a los servicios suizos ni a sus compañeros de trabajo, ni tiene ello reflejo en documentos en papel o electrónicos incautados en su domicilio», señalaba un escrito de las autoridades suizas, recogido en el informe fiscal.
El 17 de diciembre de 2012 Falciani quedó en libertad con la obligación de comparecer cada tres días en la comisaría de policía más próxima a su domicilio mientras se tramita su extradición. También facilitó a la Audiencia Nacional su residencia con la obligación de comunicar cualquier cambio, entregó su pasaporte y facilitó un número telefónico en el que poder ser localizado de forma permanente.
La Fiscalía apoyó su salida de la cárcel, en la que permanecía desde que fue detenido el 1 de julio de 2012 en un control aduanero en Barcelona, por el tiempo que había transcurrido en prisión, la colaboración que había prestado en investigaciones tributarias y la previsión de que el procedimiento de extradición pudiera demorarse en el tiempo.