Los promotores de la iniciativa legislativa popular (ILP) de dación en pago no podrán retirar su iniciativa, tal y como desean hacer, ya que «no cabe» cancelar una propuesta legislativa que ya ha sido admitida a trámite. Fuentes parlamentarias han explicado a Europa Press este extremo después de que la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Barcelona, Ada Colau, haya anunciado la intención del colectivo de retirar inmediatamente la ILP al considerar que el Gobierno ha «vulnerado su espíritu» y las demandas de los ciudadanos.
«Hemos pedido la retirada formal de la ILP porque es nuestra y la seguiremos defendiendo en la calle» con actos de desobediencia civil, ha explicado la activista que, de todas formas, mantiene la mano tendida al Gobierno y pide que rectifique su posicionamiento. Sin embargo, desde la Cámara baja recuerdan que tanto la ILP como cualquier otra iniciativa legislativa «pertenece» al Parlamento una vez que ha sido admitida su tramitación, máxime en este caso, en que la propuesta ciudadana -refundida con el proyecto de ley del Gobierno sobre el mismo tema- está a punto de concluir su tramitación con su aprobación, por parte de la Comisión de Economía, esta misma tarde.
Las razones de los impulsores de la ILP
Las entidades promotoras de la ILP han decidido retirarla con el fin de «poner en evidencia que el texto del PP supone el rechazo frontal a esta proposición, y que en su nombre no puede tramitarse la misma». En un comunicado, estas entidades han denunciado la voluntad del PP de aprovechar la tramitación parlamentaria de la ILP «para eliminar las propuestas de esta iniciativa ciudadana».
A su juicio, la nueva proposición de Ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social «desconoce las legítimas pretensiones de la ILP», entre las que se encuentran la dación en pago retroactiva, la paralización de los desahucios que afecten a viviendas habituales de deudores hipotecarios y la posibilidad de que las personas afectadas puedan permanecer en sus viviendas en régimen de alquiler social.
«El texto que se ha conocido supone una burla a los intereses de las personas afectadas por procesos de ejecución hipotecaria y a la sociedad en su conjunto», se han quejado las entidades defensoras de la ILP, que mantienen que «una vez más, la efectividad del derecho a una vivienda digna consagrado en la Constitución española y en numerosos tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado español, queda supeditado a los intereses de las entidades financieras».