El Gobierno admite que el factor de sostenibilidad, que tendrá que definir en apenas un mes un comité de expertos creado a tal efecto, puede retrasar la edad de jubilación más allá de los 67 años fijados a partir del año 2027, según el documento sobre dicho parámetro que entregó el secretario general de Seguridad Social, Tomás Burgos, a la Comisión del Pacto de Toledo el martes.
El documento, recogido por Europa Press, señala que el factor de sostenibilidad puede tener efectos sobre la edad de jubilación en dos sentidos. Por un lado, aumentando el número necesario de años cotizados para poder jubilarse, de tal manera que la edad efectiva de jubilación se acerque a la edad legal, establecida en los 67 años a partir de 2027.
Por otro lado, el Ejecutivo admite que una vez unificada la edad legal de jubilación, «es posible seguir aumentando dicha edad legal», al tiempo que también reconoce que el factor de sostenibilidad puede tener efectos sobre la «indexación de las pensiones», que ahora se actualizan según la evolución del IPC del mes de noviembre de cada año.
Al hilo de esto, el documento del Ministerio de Empleo indica que en la última década se han producido «comportamientos perversos que el propio sistema de Seguridad Social origina y que no se deben perpetuar en el tiempo», como el hecho de que la pensión media del sistema haya crecido en este periodo más que los salarios y más que la variación de los precios, así como la «insuficiencia» de las cotizaciones en relación con algunas prestaciones devengadas o las altas tasas teóricas de reemplazo de las prestaciones en España en comparación con las de otros países europeos.
Más años para cobrar el 100%
También reconoce el Gobierno que el factor de sostenibilidad puede tener efectos sobre la fórmula de cálculo de la pensión, al aumentar el número de años cotizados para alcanzar el 100% de la base reguladora y/o modificar la fórmula de cálculo de dicha base reguladora.
Junto con los efectos que el factor puede tener sobre las pensiones futuras, el Gobierno destaca en el documento, al que tuvo acceso Europa Press, algunos aspectos del sistema que, en su opinión, el comité de expertos debería tener en cuenta a la hora de definir dicho factor. En concreto, menciona la evolución de la esperanza de vida y las relaciones de índices demográficos y económicos.
Además, el documento detalla los procesos de reforma de los sistemas de pensiones en otros países de la UE y destaca que las principales tendencias en la mayoría de ellos es considerar toda la vida laboral en el cálculo de la pensión, no aumentar los tipos de cotización, rebajar los índices de actualización tanto de las pensiones como de las cotizaciones tenidas en cuenta en el cálculo de la pensión y exigir un número mayor de años cotizados para tener derecho al 100% de la pensión.
El aumento de la edad legal de jubilación compatible con una flexibilización de dicha edad, mediante un sistema de incentivos y penalizaciones, y la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo son otras de las tendencias que el Ministerio de Hacienda apunta de otros sistemas públicos de pensiones en Europa.
Garantizar la sostenibilidad del Sistema
El documento del Gobierno también destaca que la disminución de la tasa de natalidad y el progresivo incremento de la esperanza de vida de las personas mayores hace necesaria la búsqueda de soluciones que garanticen la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo, garantizando a su vez pensiones adecuadas.
«Puede concluirse por tanto que son tanto factores exógenos como endógenos al sistema de Seguridad Social español los que justifican la necesidad de regular el factor de sostenibilidad, buscando una definición y estructuración del mismo que no se limite a los factores demográficos sino que considere la realidad social y económica española en su conjunto», reza el documento.
Por último, el Gobierno justifica el adelanto del factor de sostenibilidad, que no estaba previsto que se definiera hasta el año 2027, a la crisis económica que, entre otras cosas, está originando «altas» tasas de desempleo, así como «el no crecimiento o incluso bajada» de los salarios, circunstancias que están provocando una disminución en los ingresos por cotizaciones, «haciendo necesario incluso la utilización del Fondo de Reserva en el corto plazo».