El juez de Instrucción número 3 de Pozuelo ha admitido a trámite una querella de CC.OO. contra el director general de Telemadrid, José Antonio Sánchez Domínguez, relacionada con la presunta utilización de empresas externas al Ente para la realización de tareas informativas después de que se hiciera efectivo el Expediente de Regulación de Empleo (ERE).
De esta forma, el directivo de Telemadrid resulta imputado por presuntos delitos contra el derecho de los trabajadores, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y delito societario, según han indicado a Europa Press fuentes jurídicas.
La querella contra Sánchez, que lleva al frente de la cadena autonómica desde julio de 2011, fue presentada el pasado 22 de febrero por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Madrid de CC.OO..
Ahora, en un auto del 16 de abril, el juez ha acordado abrir diligencias de investigación y tomar declaración «en los próximos días» a Sánchez Domínguez en calidad de imputado, según han indicado las mismas fuentes. CC.OO. ya ha presentado la fianza para personarse en la causa penal.
CCOO defiende que hubo subcontratación ilegal
Para el sindicato la querella pone de manifiesto la presunta utilización de empresas contratistas para realizar los cometidos que hasta ahora se venían haciendo por el personal despedido en el ERE, «mediante la ocupación del centro y la sustitución de los puestos de trabajo con personal ajeno de Telemadrid.
A juicio de CC.OO., este hecho «reúne las características propias se una cesión ilegal de trabajadores y cuestiona la validez de los despidos efectuados, cuyos puestos son amortizados por causas económicas».
Además, denuncia que esta subcontratación de servicios se habría hecho supuestamente «incumpliendo por completo la obligación de información a los representantes de los trabajadores legalmente impuesta en el artículo 42.4» que rige esta materia.
Ello, según CC.OO., implica «no solo un ilícito laboral, sino un medio para asegurar la clandestinidad del procedimiento de adjudicación, que se habría producido vulnerando la Ley de Contratos del Sector Público, menoscabar los controles previos y hacer inviable el ejercicio efectivo del derecho de huelga».
Por todo ello, el sindicato ha expresado la satisfacción por la admisión de la querella y confía en que la Justicia restablecerá los derechos de los trabajadores.
Estrella Digital/EP