La Audiencia Nacional ha rechazado la extradición a Suiza del informático ítalo-francés Hervé Falciani, reclamado por haber sustraído datos del HSBC Private Bank con los que habrían sido identificados 130.000 evasores fiscales, al entender que denunció «actividades sospechosas de ilegalidad e incluso constitutivas de infracciones penales que de ninguna manera son susceptibles de legítima protección». Así consta en un auto dictado por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal en el que se rechaza la entrega a Suiza de Falciani, al entender que los delitos que le imputan las autoridades suizas no cumplen el principio de doble incriminación, es decir, no están castigados por el Código Penal español.
El auto de la Sala rechaza la entrega del informático, al que se atribuyen los delitos de espionaje financiero, revelación de secreto bancario, revelación de secreto comercial y apropiación de datos relativos a clientes, argumentando que «en nuestro derecho no existe protección penal específica del secreto bancario como tal, y menos tratando su quebrantamiento como un mero delito formal».
Contra la resolución únicamente cabe recurso de súplica, aunque la Fiscalía y la defensa de Falciani se manifestaron en la vista celebrada el pasado 15 de abril en contra de la extradición y las autoridades helvéticas no se personaron en el procedimiento. Según fuentes jurídicas, el informático, que fue detenido en Barcelona el 1 de julio de 2012 en un control aduanero de Barcelona, quedará en libertad sin medidas cautelares.
Falciani no tenía móvil económico
Los magistrados Ángel Hurtado, Julio de Diego y José Ricardo de Prada (ponente), consideran que Falciani no sólo puso a disposición de varios Estados datos básicos para evitar la comisión de delitos sino que, además, no actuó por «móviles económicos o espurios». Así, recuerdan que el compareciente manifestó durante la vista de extradición que su intención era «provocar una situación que alertara a los sistemas de control» de las irregularidades y descontrol que había apreciado al trabajar en el HSBC.
A este respecto, recuerdan el testimonio del fiscal francés Eric de Montgolfier, que aseguró durante la vista que los datos extraídos de la ‘lista Falciani’ «podrían llenar en papel un tren de mercancías», y el del exsecretario de Estado de Hacienda Carlos Ocaña, quien reveló que su información permitió examinar 659 cuentas que, tras su regularización, permitieron recaudar entre 250 y 300 millones de euros.
Suiza protege el secreto bancario
El auto también sostiene que los delitos imputados a Falciani por las autoridades suizas no gozan de la misma protección penal en España. En concreto, reprocha a Suiza que «proteja, mediante la imputación concreta del delito de espionaje, un interés jurídico propio frente al de otros Estados, lo que dota al precepto de un innegable carácter politico» que no podría servir de base a una petición de extradición.
Los magistrados analizan, además, el resto de delitos planteados por las autoridades suizas e indican que la intimidad de los clientes o el secreto comercial del banco no pueden servir para amparar «operaciones económicas sospechosas de estar relacionadas cib actividades ilícitas o delictivas o incluso ser ellas mismas abiertamente delictivas». A su entender, existen «intereses superiores» que justifican la cesión de información.
De acuerdo con el fiscal
En la vista de extradición, que se celebró el pasado 15 de abril, la fiscal Dolores Delgado se opuso a la entrega argumentando que no se puede «castigar» a una persona que colaboró con las autoridades de Francia, Italia, Estados Unidos y España en la lucha contra la «opacidad financiera». Falciani, por su parte, aseguró que «nunca» pidió ninguna «gratificación» por revelar esta información y que su única intención era la de denunciar las «actuaciones escandalosas» que se estaban llevando a cabo en la entidad bancaria, para lo cual colaboró con las autoridades de Francia Estados Unidos, Italia y «recientemente» España.