La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona, que investiga el ‘caso Caja Navarra’, ha afirmado que la presidenta del Gobierno foral, Yolanda Barcina, participó en las «mismas reuniones» que los imputados en la causa y que dieron lugar al «abono de dietas cuya legitimidad se discute», por lo que cree «indispensable recibir declaración en calidad de imputada» de Barcina.
La juez ha manifestado en un auto, hecho público este martes, que en lo instruido hasta el momento «existen indicios de la comisión de un presunto delito de cohecho». Y ha emplazado a las partes para que informen si debe elevar la causa referente al ‘caso Caja Navarra’ al Tribunal Supremo.
La magistrada explica en el auto, que puede ser recurrido, que dada la condición de aforada de la presidenta sería el Supremo el órgano al que corresponde, «si así lo estima conveniente», la investigación de los hechos a ella atribuidos y en su caso su enjuicimiento.
Para la juez, «a la vista de la íntima relación que existe con los hechos atribuidos a las demás personas que ostentan la cualidad de imputadas en la causa» la investigación debería extenderse a «todos ellos» puesto que «en otro caso existe riesgo de que se rompa la continencia de causa».
Como se sabe, se encuentran imputados en esta causa el expresidente del Gobierno foral Miguel Sanz, el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y el exconsejero del Gobierno foral Álvaro Miranda, todos ellos integrantes de la Comisión Permanente de Caja Navarra. También está imputado el exdirector general de CAN Enrique Goñi.
«Sin soporte normativo»
Expone la juez en el auto que a partir del 31 de agosto de 2010 comenzaron a reunirse en las sesiones de reporte el expresidente Miguel Sanz, Yolanda Barcina como alcaldesa de Pamplona y Álvaro Miranda como consejero de Economía del Gobierno; y que a partir de la reunión del 30 de agosto de 2011 presidió las sesiones Yolanda Barcina al ser elegida presidenta del Ejecutivo y con Enrique Maya como alcalde y con Sanz a pesar de no ser ya el presidente navarro.
Por dos reuniones que se celebraron siendo Barcina jefa del Ejecutivo se devengaron, recoge el auto, «2.680 euros brutos para el presidente y 1.717 para los demás miembros». «Estas cantidades no se identificaban como dietas por asistencia a las sesiones de reporte, no aparecían con esa denominación en las cuentas de la Caja y no se ponían en conocimiento del Banco de España ni de la Comisión Nacional del Mercado de Valores», por lo que «quedaban al margen de cualquier publicidad, control o fiscalización».
En el auto, la juez afirma que las sesiones de reporte (Permanente) se celebraron con «carencia absoluta» de soporte normativo que las justificara y que sus integrantes «fueron elegidos de manera arbitraria por quien convocaba esas sesiones, que era el presidente de la Junta de Entidades Fundadoras y presidente del Gobierno de Navarra».
Continúa la juez en su exposición que «no se dio ninguna publicidad ni se informó a nadie» de la existencia de dichas sesiones de reporte ni de sus integrantes. Según añade, «ni siquiera el hecho de que después se recogiera esta forma de trabajo en el Reglamento ha de suponer la legitimación del órgano» y expone que «ninguna previsión se hacía al respecto en los Estatutos».
La juez determina que la Permanente «no era sin más la Junta de Entidades Fundadoras» porque «su composición era más reducida, no aparece establecida en ninguna norma o acta, no es controlada ni conocida por nadie y no existe fundamento a su función puesto que todo su contenido se reproduce después en las sesiones de la Junta de Entidades Fundadoras».
En concreto, sobre la Comisión Permanente dice que lo investigado hasta el momento «hace dudar seriamente de que esas sesiones tuvieran mayor contenido que la recepción de una información dándose por enterados» y que lo abordado en ellas se trataba «nuevamente» y de «forma íntegra» en la JEF.
Reuniones convocadas por Barcina sin contenido
Señala la juez que las sesiones del 30 de agosto de 2011 y del 26 de septiembre de 2011 fueron «convocadas por la señora Barcina Angulo como presidenta del órgano» y que en ambos casos el contenido fue «nulo».
La magistrada expone así que «nos encontramos con unas reuniones que son la base, excusa o justificación de devengo de unas dietas, que carecen de soporte normativo, cuya composición es decidida por el presidente del órgano con el beneplácito del director general de la Caja, que no son conocidas ni por los órganos de gobierno de la Caja ni por los demás miembros de la JEF».
Insiste en que el contenido de las sesiones de reporte «se reproduce íntegramente en las sesiones de la JEF, limitándose en las de reporte los integrantes a darse por enterados» y que «en ocasiones las fechas de reunión de una y otra prácticamente se solapan y en otras las sesiones carecen absolutamente de contenido».
Afirma la juez que estas reuniones y dietas «tampoco son conocidas por el Banco de España ni por la Comisión Nacional del Mercado de Valores por no referirse a órganos de gobierno o personal directivo de la entidad», por lo que, añade, «están al margen de control o fiscalización».
A personas «elegidas»
El auto recoge que estas dietas «se abonan a las personas ‘elegidas’ para conformar las sesiones de reporte, que son quienes ostentan los cargos de presidente del Gobierno de Navarra, alcalde de Pamplona y consejero de Economía».
La juez indica que es «irrelevante» que las dietas se hayan devuelto o no, como hizo la presidenta navarra, «puesto que el tipo penal únicamente exige la aceptación sin alusión alguna al destino que pueda dársele, puesto que como se ha dicho el bien jurídico protegido no es otro que la confianza de los ciudadanos en la honestidad de los gestores y administradores públicos, que se ve resentida por el sólo hecho de la aceptación de la dávida».
La titular de Instrucción 3 de Pamplona indica, además, en el auto que las personas que integran estas sesiones son quienes ostentan los cargos de la Presidencia del Gobierno de Navarra, Alcaldía de Pamplona y Consejería de Economía. «Es claro que sólo por su función en la institución pública que representan integran ese órgano y consecuentemente reciben las dietas correspondientes», agrega.
En este sentido, reitera que «las cantidades que estaban recibiendo estas personas con esa simulación de legalidad lo eran por los cargos que ostentaban».