El Congreso de los Diputados ha encargado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que defienda ante el decisivo Consejo Europeo de esta semana una proposición no de ley suscrita entre PP y PSOE, y a la que se han unido CiU y PNV, así como UPyD, CC y UPN. El pacto define diez objetivos sobre el empleo juvenil y las pymes, entre otros asuntos.
El texto, que ha incluido finalmente buena parte de las aportaciones realizadas por los nacionalistas catalanes y vascos, y alguna del partido de Rosa Díez, comienza emplazando al Gobierno a promover que la próxima cumbre europea avale la recomendaciones de la Comisión Europea que adaptar el ritmo de la consolidación fiscal a las condiciones económicas.
Además, pide al Ejecutivo que impulse avances hacia una «verdadera» Unión Económica y Monetaria y recalca, en particular, que el Consejo de los días 27 y 28 deberá dar pasos «sustantivos» que garanticen los progresos hacia una unión bancaria, así como «romper el círculo vicioso» entre deuda bancaria y soberanía a través de la recapitalización directa de los bancos de la zona euro por el Mecanismo Europeo de Estabilidad. En aras de ese fin, el acuerdo defiende la necesidad de que se solicite al presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, a que, «como muy tarde a finales de este año», presente un calendario con medidas concretas.
Revisar el pacto por el crecimiento y el empleo
Además, también insta al conjunto de las instituciones europeas, incluido el Banco Central Europeo (BCE), a adoptar medidas para poner fin a la «fragmentación» existente en los mercados financieros, que se traduce en unas «muy diferentes» condiciones de financiación para las empresas en los distintos países de la zona euro, lo que resulta «completamente inaceptable» en el seno del mercado interior.
Otro de los puntos de la iniciativa sugiere la conveniencia de impulsar el crecimiento y el empleo utilizando todas las instituciones, instrumentos y políticas disponibles y aprovechando «al máximo» la capacidad inversora de la UE para revisar el grado de aplicación del Pacto por el Crecimiento y el Empleo con el fin de detectar sus «deficiencias».
Pero también para acelerar la puesta en marcha de los compromisos asumidos; para incorporar nuevas propuestas en aquellos ámbitos que puedan tener un mayor impacto positivo en el crecimiento y la creación de empleo, y para adoptar las medidas que aseguren la plena absorción de los fondos previstos en el actual marco financiero 2007-2013.
El texto también aboga por utilizar todos los recursos asignados a la iniciativa sobre el empleo juvenil en los primeros años de vigencia del próximo Marco Financiero Plurianual; por desarrollar un programa ERASMUS para la Formación Profesional y convertir el sistema EURES en una «verdadera» herramienta de empleo y formación europea; por poner en marcha «de manera inmediata» las medidas de la Garantía Juvenil, y por aprobar mecanismos que permitan tener en cuenta los «esfuerzos» para promover el empleo entre los jóvenes en el marco de los procedimientos existentes para asegurar los procesos de consolidación fiscal.
También apuesta por incrementar el volumen de fondos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para la emisión de bonos proyecto o de otro tipo; por ampliar los fondos destinados a las pymes; por poner en marcha programas destinados a microempresas y autónomos; por fomentar proyectos de I+D+i; por aumentar su capacidad para otorgar a los bancos comerciales garantías de alta calidad sobre las carteras de nuevos préstamos a las pequeñas empresas, y por desarrollar un programa de ayuda al comercio que permita el acceso de las empresas europeas a los procesos de licitación internacionales y facilite el crédito a la exportación.
Acuerdo con EEUU y más mercado interior
La proposición no de ley plantea también apoyar un «rápido» comienzo de las negociaciones de un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y la UE «ambicioso y mutuamente beneficioso», y favorecer avances en la consecución del mercado interior mediante la «pronta» adopción de las propuestas legislativas pendientes, prestando especial atención a la plena y efectiva aplicación de la Directiva de Servicios.
Por último, el acuerdo subraya que, de acuerdo con los objetivos de la Estrategia Europa 2020, la UE «debe impulsar» el papel de los agentes sociales, favoreciendo su consulta y participación con vistas al desarrollo de la dimensión social europea; asegurar un alto nivel de protección social; proteger los derechos laborales, y fomentar los servicios públicos como la sanidad y la educación de calidad.