Carlos Leal, el abogado del bufete sevillano Estudios Jurídicos Villasís imputado en la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía, ha quedado esta madrugada en libertad provisional tras abonar la fianza de 150.000 euros que le ha impuesto la juez Mercedes Alaya para poder eludir la cárcel.
En una comparecencia de medidas cautelares celebrada de manera previa, tanto la Fiscalía Anticorrupción como el PP habían solicitado su ingreso en prisión eludible bajo fianza de 225.000 euros, mientras que la acusación ejercida por la Junta de Andalucía únicamente había solicitado la retirada del DNI y del pasaporte y su comparecencia periódica ante el Juzgado, y el sindicato UGT no había pedido medidas cautelares.
Pues bien, pasadas las 2,30 horas de este sábado la magistrada Mercedes Alaya ha dictado un auto en el que ordena su ingreso en la cárcel bajo fianza de 150.000 euros, además de retirarle el DNI y el pasaporte e imponerle la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado.
Justo a continuación, y transcurridos pocos minutos desde el auto de la juez, el imputado ha depositado en el juzgado los 150.000 euros en efectivo, cantidad que proviene de la ayuda de su círculo de amigos y de un saldo de 29.000 euros cedido por su mujer, tras lo que la instructora ha dictado el correspondiente auto de libertad.
Hay que destacar que, sobre las 20,00 horas y por lo tanto seis horas antes de conocerse la fianza impuesta por la juez, familiares del abogado ya habían acudido al juzgado con una cantidad de dinero en efectivo para abonar la posible fianza que finalmente le ha sido impuesta.
En el auto, la juez ha impuesto además al imputado una fianza de responsabilidad civil de 34,8 millones de euros, sensiblemente superior a la de 25 millones solicitada por la Fiscalía Anticorrupción.
Tras conocer la decisión de la magistrada, el abogado del imputado ha defendido en declaraciones a los periodistas que su cliente «no ha tocado un sólo euro procedente del erario público».
El imputado alude a Zarrías
La decisión de la juez se produce después de dos días de declaración en los que el imputado ha aludido en varias ocasiones al exconsejero de Presidencia y diputado del PSOE por Jaén en el Congreso Gaspar Zarrías.
En primer lugar, Carlos Leal señaló que la «problemática» de Primayor se trató de solucionar a finales de 2007 y principios de 2008 «con varias comidas» celebradas en la Casa Rosa, sede entonces de la Presidencia de la Junta de Andalucía, a las que, según ha dicho, asistieron el propio Zarrías; el ‘conseguidor’ de los ERE Juan Lanzas, el empresario José María Ruiz Mateos y su hijo, y los exconsejeros de Agricultura, Martín Soler, y de Innovación, Ciencia y Empresa, Francisco Vallejo.
En esas reuniones, de las que se enteró a través del propio Juan Lanzas, se abordó la posibilidad de que Dhul y Proasego –ambas pertenecientes al Grupo Nueva Rumasa– se instalaran en Jaén y procedieran a recolocar a los trabajadores de Primayor.
En este sentido, Carlos Leal ha vinculado el acuerdo del Consejo de Gobierno de octubre de 2008 en el que se concedió un incentivo a fondo perdido de 15 millones de euros a Dhul con las «comidas» celebradas en la Casa Rosa entre 2007.
De igual modo, el imputado ha asegurado que el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero recibió «presiones» por parte del exconsejero de Presidencia para que «agilizara» los pagos en relación a las ayudas a la asociación de trabajadores de Hijos de Andrés Molina.
Hay que recordar que el exchófer de Guerrero, Juan Francisco Trujillo, ya aseguró en su declaración ante la juez que el exconsejero de Presidencia «llamó en varias ocasiones» a Guerrero para incluir a ‘intrusos’ en varias prejubilaciones, aunque dijo no recordar «el nombre de los ‘intrusos’ señalados por Zarrías» porque «eso fue un comentario que le hizo Guerrero pero no le dijo nada más».
La magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla ha imputado al letrado sendos presuntos delitos de prevaricación, falsedad en documento mercantil, tráfico de influencias, contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, cohecho, asociación ilícita y malversación impropia.