Manuel Chaves, que entonces presidía la Junta de Andalucía asistía atónito al imparable declive industrial y empresarial de la comunidad. Hasta Santana, la histórica fábrica de automóviles de Linares se venía abajo. Decidió crear un fondo de financiación dotado con 1.217 millones de euros destinado a respaldar a las empresas con dificultades, y para regular prejubilaciones y despidos. Sin embargo, algunos en vez de ver ayuda vieron negocio. 1.217 millones eran un botín muy jugoso.
El escándalo de los ERE se destapó en Mercasevilla, el mercado central de abastos de Sevilla. Entre 2003 y 2007 la empresa pública ejecutó dos expedientes de regulación de empleo supervisados y costeados por la Junta pero el propio comité de empresa denunció que en el primero de ellos se encontraba un “intruso” y se descubrió la estafa.
Más de 50 imputados que entre los años 2001 y 2010 defraudaron cerca de 130 millones
La investigación cuenta con más de cincuenta imputados que entre los años 2001 y 2010 defraudaron cerca de 130 millones de euros. Según se desprende de la investigación iniciada por la Guardia Civil, 50 millones corresponden a sobrecomisiones pagadas a asesorías y bufetes de abogados, más de 73 millones a ayudas a empresas y otros doce a los llamados “intrusos”, es decir, a personas que se beneficiaron de ellos sin tener ninguna relación laboral con la empresa afectada por el ERE.
Uno de los casos más llamativos es el de Bodegas González-Byass, que prejubiló con el fondo de dinero público a trabajadores que nunca pertenecieron a la plantilla, incluido el exconsejero de empleo Antonio Fernández, que figura en la lista de personal de la empresa desde el mismo año en que nació.
Las sombras de la juez Mercedes Alaya
La juez Mercedes Alaya, del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, es la encargada de instruir el caso y su investigación está marcada por la polémica. Las coincidencias cronológicas del sumario con fechas clave para el PSOE-A han desatado las críticas por parte de los socialistas, que ven intenciones partidistas en sus dictados. Denuncian, por ejemplo, que ordenó la detención del exdirector general de Empleo, Javier Guerrero, el primer día de la campaña de las elecciones autonómicas.
Además, fue llamada al orden por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por el Presidente del Tribunal Supremo y por el CGPJ por demorarse en su instrucción y dejar a los imputados sin la posibilidad de declarar. La última controversia ha sido la imputación de la exministra socialista, Magdalena Álvarez. Elena Valenciano cree que la decisión coincide con “hechos importantes” que van a tener lugar en el PSOE-A: la celebración de primarias para reemplazar al presidente Griñán.
Alaya mantiene buena relación con el actual alcalde de Sevilla, José Ignacio Zoido
Pero la guerra no termina aquí. Ya son muchas las voces del partido que aseguran que Ayala mantiene buena relación con el actual alcalde de Sevilla, José Ignacio Zoido, que en 2009 denunció ante la Justicia el presunto intento de cobro de comisiones a unos empresarios por parte de dos ex directivos de Mercasevilla.
Según se asegura en círculos socialistas de Andalucía, la“fuerte” y “especial” relación entre la juez y el edil ‘popular’ nace en los juzgados de Sevilla, en los que fueron compañeros.
Los mentideros de Sevilla no paran de hablar de las relaciones de la juez Alaya –un boom social en la ciudad- con círculos cercanos al PP. Por ejemplo, también aseguran que Alaya tiene amistad con Javier Arenas y que era candidata in pectore a ser consejera de Justicia si el PP hubiera ganado las últimas elecciones autonómicas en la comunidad.
Una juez guapa y enérgica, la clase política andaluza patas arriba, el presidente de la Junta que anuncia que se va… Lo raro es que en medio de este ciclón Sevilla estuviera callada.