El bufete del abogado Miguel Bajo, que representaba al extesorero del PP, Luis Bárcenas, ha renunciado a representarle tras comprobar la existencia de discrepancias de peso relacionadas con la estrategia frente a su imputación por parte del juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha confirmado a Europa Press la defensa del exsenador.
La renuncia se ha producido sólo 12 días después de que el extesorero ingresara en prisión incondicional sin fianza en la causa que investiga su relación con la trama ‘Gürtel’, liderada por Francisco Correa. Los abogados Bajo y Trallero destacan, además, que «han perdido la confianza en su cliente» y que su relación adolece de importantes «divergencias».
El abogado de Bárcenas Alfonso Trallero presentó la pasada semana recurso contra su encarcelamiento, que debe ser revisado en los próximos días por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. La renuncia también se hace efectiva al responsable del bufete, Bajo, que representaba a la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias.
Trallero, que ha representado a Bárcenas desde su imputación en 2009, ha presentado este lunes ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 su escrito de renuncia. El letrado ha confirmado que antes de hacerla efectiva, mantuvo el pasado fin de semana una reunión con su hasta ahora representado en la cárcel de Soto del Real.
El hasta ahora abogado del extesorero del Partido Popular defendió la inocencia de su cliente tras su entrada en prisión y se quejó de que haya sido enviado a la cárcel por su patrimonio en dos bancos de Ginebra. «Lo que no se puede decir es que porque uno tenga 25, 30 ó 40 millones de euros en Suiza, esos 40 millones tienen un origen delictivo», ha dicho.
El diario El Mundo publicó el pasado domingo un artículo de su director en el que reflejaba una conversación mantenida con Bárcenas. En ella, el extesorero aseguraba que «al menos los últimos 20 años el PP ha estado financiándose de forma ilegal».
Agregaba que el partido recibía donaciones en metálico de los constructores y otros empresarios que obtenían adjudicaciones o contratos de las administraciones a cambio de su dinero. Las cantidades se habrían entregado en la sede del PP en efectivo y se empleaban para el pago de sobresueldos a altos dirigentes de la formación, indicaba el periódico.