Una nueva e importante crisis se siente ya en el número 13 de la calle Génova. El debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica ha irrumpido con fuerza en el seno del PP después de que la presidenta del PP en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho propusiera este lunes una «revisión profunda» del modelo de financiación autonómica y que beneficie a Cataluña por encima del resto. La secretaria general de los ‘populares’, María Dolores de Cospedal, ya se ha encargado de aclarar que «la solidaridad interterritorial está en los genes del partido». Pero por si esto no fuera suficiente, algunos barones del PP ya se han alzado en armas.
El más contundente ha sido el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que ha advertido este lunes de que pedirá que se «consulte» a los madrileños sobre qué régimen de financiación quieren si alguien tiene la «tentación» de pedir o conceder un «régimen fiscal a la carta». «Si alguien tiene la tentación de dar un régimen fiscal a la carta, nosotros desde Madrid pediremos que se consulte a los madrileños también para ver qué régimen quieren desde el punto de vista de la financiación porque tienen derecho con el esfuerzo que están haciendo y el agravio que están recibiendo», ha señalado.
Aunque no ha sido el único. Sánchez-Camacho también se enfrenta a la postura crítica de Aragón, Valencia, Canarias y Extremadura.
El portavoz del Gobierno de Luisa Fernanda Rudi, apelando a la igualdad de todos los españoles, ha declarado que «no se puede llevar a cabo una reforma de este calado que solo beneficie a una comunidad autónoma». «No se puede quebrar la solidaridad de las regiones más ricas a las regiones más pobres porque, sino, no seríamos un país», ha añadido.
Desde la Comunidad Valenciana, el presidente Alberto Fabra ha incidido en que «no cabe trato a favor absolutamente a nadie». «No estamos en absoluto de acuerdo en que haya negociaciones bilaterales para financiar mejor sólo a algunas comunidades», ha subrayado, y ha insistido en que la Comunidad Valenciana lleva «mucho tiempo infrafinanciada» y no están «dispuestos a mantener esta situación ni un minuto más».
Ya desde Galicia, el portavoz parlamentario, Pedro Puy, ha advertido de que ninguna reforma de la financiación «debe olvidar» el principio constitucional de redistribución entre autonomías. Puy ha subrayado que él es de los que piensa que algunas especificidades de comunidades como la lengua o el derecho foral «podrían ser tratadas a lo largo del tiempo de una manera que evitaría que ahora hubiese reacciones excesivas por parte de los movimientos soberanistas».
Los populares canarios se han expresado en esta misma línea, y su secretario general, Asier Antona, ha defendido que se revise el modelo de financiación porque es también muy perjudicial para Canarias, pero ha insistido en que el «sitio» para hacerlo es el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y ya por último, la portavoz del PP de Extremadura, Francisca Rosa, ha reafirmado que su partido en la región defiende el concepto de solidaridad que «recoge» la Constitución española y ha aseverado que a la región extremeña «no le da dinero ninguna comunidad autónoma».
Desde la dirección nacional del partido eran conscientes de que ese aluvión de críticas se iba a producir y su secretaria general ha intentado este lunes calmar los ánimos. Cospedal ha advertido de que es normal que haya opiniones dispares y visiones divergentes sobre el futuro modelo, dado que cada presidente defiende lo que considera mejor para su territorio, pero que por el momento todo son «opiniones». «El Gobierno intentará el máximo consenso en el nuevo modelo de financiación autonómica, que no ocurra lo que en el modelo de Zapatero. El modelo pasa por la solidaridad. Pero estamos todavía en el proceso», ha zanjado la ‘número dos’ de Rajoy en Génova.